De enero a mayo del 2011, estas oficinas atendieron 1.122 casos referidos a diferentes tipologías: maltrato, abuso y violación a los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Del total, 62 se encuentran clasificados como delitos contra la libertad, que además de las violaciones incluyen abuso deshonesto y estupro.
De los 62, 41 situaciones corresponden a violaciones a menores de edad. En 32 de las cuales las víctimas fueron mujeres (78 por ciento) y nueve varones (22 por ciento). Un dato llamativo que proporcionó el abogado Edwin Conde, de la Defensoría 24 horas, ubicada en la zona Calama, es que el 50% de los agresores son familiares de las víctimas o conocidos.
«Lo sorprendente es que una buena parte sean familiares o gente cercana a las víctimas. Lo que nos lleva a pensar y ver, desde un punto de vista profesional, que se han perdido los valores, pero no se puede determinar una causa en común, ya que cada caso tiene su particularidad», señaló.
El experto opina que el promedio de ocho denuncias de violaciones a menores por mes podría ser sólo la mitad de los hechos que suceden en realidad, puesto que muchos de los casos no llegan a las Defensorías por diversas causas.
Entre las razones, figuran: los padres de las víctimas buscan abogados particulares, en contra de las normas que establecen que en estos hechos debe producirse necesariamente la intervención de la autoridad pública; y porque el agresor llega a acuerdos con los parientes de los ultrajados para evitar procesos judiciales.
En el 58 por ciento de las 41 denuncias por violación, las víctimas están entre los 12 y 17 años (24 casos); en el 24 por ciento, tienen entre seis y 11 años (10 casos). Además, cuatro abusados cuentan con 18 años, y tres están entre cero a tres años de edad.
De los 62 casos de atentados contra la libertad de las personas, 31 corresponden al área rural y 31 al área urbana. La trabajadora social de esta defensoría, Ana María Callisaya, indicó que dentro de los 62 delitos contra la libertad de las personas, 20 casos son de abuso deshonesto contra menores mujeres y uno de estupro en contra de una niña.
El defensor del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, expresó que detectó que en los casos de violaciones contra menores ni el Ministerio Público ni la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) asumen sus roles previstos por la Constitución Política del Estado (CPE). «El Ministerio Público tiene que realizar la investigación de oficio, lo mismo la FELCC, pero no lo hacen porque aducen que no tienen tiempo, personal ni la colaboración de las víctimas».
Hidalgo añadió que las Defensorías de la Niñez trabajan a media máquina por la falta de personal, situación que se arrastra por varios meses. Conde opinó que se deben abrir Defensorías en cada distrito. Ahora sólo existen en los distritos 1 al 6.
Violó a tres hermanas
La Defensoría 24 Horas, ubicada en la zona Calama, detectó una caso de violación múltiple. Se trata del caso de un familiar que violó a tres hermanas. El abogado de esa oficina, Edwin Conde, informó que el hecho salió a la luz pública cuando una de la hermanas, que se había casado a los 19 años, no pudo tener relaciones sexuales con su pareja y fue convencida por sus parientes a revelar las causas.
«Este caso no se hubiera descubierto si la señorita no hubiese contraído matrimonio y si no hubiera tenido problemas con su pareja, pues no pudo tener relaciones sexuales normales», explicó.
Los familiares intervinieron en los problemas conyugales y lograron que ella se desahogue y cuente los motivos. Ella relató —dijo el abogado— que el agresor la violaba desde que ésta tenía 12 años y que lo había hecho también con sus dos hermanas menores.
Conde señaló que la familia siguió un proceso judicial y que el imputado se encuentra en el penal de San Pedro.
Desiste en el 30% de las denuncias
El 30 por ciento de las denuncias de violación que llega a la Defensoría de la Niñez y Adolescencia de El Alto termina en desistimiento, pues luego de presentar la acusación los familiares desaparecen, según el abogado de la Defensoría 24 Horas de la zona de Calama, Edwin Conde.
Presume que los parientes no regresan porque llegan a transar económicamente con el agresor. «De otra forma no se puede explicar el hecho de que se desista en un caso tan delicado. Algo que no debería pasar, ya que la dignidad de un menor no debería ser parte de un acuerdo, sino totalmente sancionable en caso de encontrarse culpabilidad».
El defensor del Pueblo de El Alto, José Luis Hidalgo, considera que los casos quedan impunes debido a la falta de atención de las instituciones. Añade que se dan casos en que los padres de las víctimas, sobre todo del área rural, realizan negociaciones.
«Ellos también entienden que la justicia no está llegando con fuerza y que existe ausencia del Estado o no se quiere revictimizar a sus hijos en el proceso de llevar adelante las denuncias, declaraciones y afrontar al agresor».
De los 41 casos registrados en la Defensoría hasta mayo de este año, 20 están con medidas de detención preventiva y tres con primera sentencia, aunque éstos pueden apelar y lograr su libertad.
