El miércoles, la jueza 2º de Instrucción en lo Penal de la ciudad de El Alto, Jenny Prado, fue aprehendida por la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) por sospecha de prevaricato, tras haber puesto en libertad a seis miembros de una banda internacional de delincuentes.
El director de la FELCC, Jorge Toro, recordó que en octubre del 2010 los integrantes de la banda que liberó Prado asaltaron una librería utilizando armas de fuego, con las que hirieron a tres personas, y luego atracaron la joyería Sánchez en Cochabamba.
«Estos delincuentes actuaron en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. De las más de 30 denuncias que pesan sobre la jueza, son 15 más las que tienen relación con los hechos de liberación», dijo Toro. Hoy se realizará la audiencia cautelar.
Prado justificó ayer la liberación de los miembros de la banda. «Si di libertad fue porque cumplieron con los requisitos que estipula la ley y ni el Ministerio Público ni la parte querellante tenían la intención de oponerse a las cesaciones al ver que uno de ellos tenía epilepsia. El examen médico forense decía que iba a morir si mantenía detención preventiva».
Toro admitió que aún existen cabos sueltos. «Estamos en investigación a cargo de la Policía, la FELCC y en coordinación con el Ministerio de Gobierno, estamos trabajando. Es una cadena y hay que detectar eso».
CASOS. Al caso Prado se suma otro. El director nacional de Prevención de Robo de Vehículos (Diprove), Jorge Saravia, denunció al juez Percy Callejas, quien se desempeña en la zona fronteriza de Puerto Suárez, por favorecer a Berman Pérez Flores, alias el Pacha, quien tiene antecedentes por una serie de robos agravados.
Dijo que el 8 de junio lo liberó, no obstante que incluso amenazó de muerte al comandante de Diprove en Puerto Suárez. El 24 de junio fue aprehendido nuevamente, pero Callejas le concedió libertad otra vez. «Está en las calles para que siga cometiendo estos hechos», declaró Saravia a Fides.
A esto se suma el caso del fiscal de El Alto, Jhonny Borges, quien el 30 de junio fue detenido in fraganti, cuando se aprestaba a recibir 2.000 bolivianos que habría exigido a Ana María Condori para favorecerla en un fallo contra su exconcubino, Paulino Huanca, acusado de violencia física.
Borges fue aprehendido junto a cuatro de sus colaboradores, quienes sin embargo fueron liberados poco después, luego de que el Ministerio Público no encontró elementos que los incriminen. En cambio Borges, tras su audiencia cautelar, fue remitido al penal de San Pedro.
El martes, el fiscal Mirko Borda liberó a Freddy Q. (41 años), portero de un kínder que intentó violar a un niño de seis años. El coronel Hernán Rodríguez, de la fuerza anticrimen, informó que el intento de violación se produjo el viernes 24 de junio y que existen testigos.
Por otra parte, el fiscal suspendido en marzo de este año, Erlan Ricardo Eid Rivera, también fue aprehendido por la FELCC la noche del miércoles. «Fue arrestado luego de haber extorsionado a su víctima por un caso de la Ley 1008; la Policía lo encontró con los mismos billetes que la víctima entregó», señala un informe.
La suma que tenía era 500 dólares, de 8.000 que él había pedido a su denunciante. El Director Nacional de la FELCC mencionó que el fiscal fue detenido aproximadamente a las 16.00 del miércoles, en un domicilio de la zona de Miraflores, junto a dos de sus colaboradores Sixto L. y Édgar L.
Sobre él pesan otras 17 denuncias de extorsión, además de que Sixto L. registra denuncias por estafa el 2007 y, junto a Édgar L., acusaciones de extorsión el mismo año. Otros dos ex fiscales fueron denunciados por cometer el delito de extorsión en Tarija (ver gris).
Otros ex fiscales
Otros dos ex fiscales acusados de concusión, uso indebido de influencias, incumplimiento de deberes, asociación delictuosa y organización criminal, son Ramiro Ugarte y Armando Lema.
El caso Cossett
Los exfiscales extorsionaron al expresidente del Consejo de Administración de la Cooperativa de Servicios Telefónicos de Tarija (Cossett), Carlos Martínez, por un monto de 500 mil dólares para evitar que el proceso del caso prospere y no exista celeridad.
Suspensión de audiencia
Ayer, la jueza del Tribunal 2° de Sentencia en lo Penal, Juana Abán, suspendió la audiencia del juicio oral y público contra los exfiscales Ugarte y Lema hasta el 11 de este mes por inasistencia «injustificable» de una jueza ciudadana.
