De esta realidad en el penal paceño dio cuenta el ex presidente del Consejo de Delegados, Dante Escóbar, quien el último martes fue trasladado a Chonchocoro. En contacto con La Razón dijo que el hacinamiento se mantiene igual o peor que antes.
«Ya es un hecho repetitivo decir que es una cárcel que fue construida para 300 presos y que ahora alberga a casi 1.800. No hay físicamente espacio para acoger (más presos)», sostuvo.
Todas las secciones del penal de San Pedro están llenas, afirmó. Por ejemplo, citó el caso de La Posta, una sección que albergaba entre 50 y 70 reclusos y que ahora tiene cerca de 200. «No hay dónde colocarlos y cada día entran siete, ocho, 10 (reos). ¿Dónde vamos a acomodar a toda esa gente?», se preguntó el ex representante.
Precariedad. Para solucionar de alguna manera la falta de espacio, Escóbar reveló que se habilitaron ambientes donde había celdas, eliminando muros y convirtiéndolos en «alojamientos múltiples». Donde había una celda se mete de ocho a 10 reos «con colchones, como soldados, para dormir nomás». De día se salen y deben permanecer en el patio.
Reveló que hay alrededor de 200 personas drogadictas, en su mayoría jóvenes, que necesitan una sección especial. «Hemos pedido que se nos dote, por ejemplo, para la sección Muralla, 15.000 ladrillos, cemento unas 50 bolsas, arena y calaminas para hacer un galpón provisional con sus baños y duchas, y alojar a unas 100 personas. Ahora están durmiendo casi a la intemperie, en unos colchones de paja, es totalmente cruel».
Denunció que el Gobierno no resolvió el problema de hacinamiento, pese a los compromisos que hizo a principios de esta gestión, que se lanzó una licitación hace seis meses para arreglar cuatro secciones, «pero no hay nada concreto hasta ahora».
«Han acallado la voz de todos los presos del país con el anuncio de una megacárcel en La Paz, en Cochabamba están haciendo otra, en Santa Cruz otra y ahí se han dormido», dijo.
Antes de su traslado al penal de Chonchocoro (5-7-2011), Escóbar detalló que en cada sección existe un ambiente grande, donde hasta hace poco alojaban entre 10 y 15 presos temporales, por ejemplo, con detención preventiva o por pensiones judiciales. Ahora es diferente, agregó, «esos ambientes, que son más o menos de cinco por tres metros, ya están llenos, así que en filas, como ‘cigarrillos’, se colocan los colchones para que duerman y hay 50, 60, 80 (alojados) en cada ambiente».
La seguridad, mantenimiento de esos ambientes y la limpieza, por ejemplo, tienen un precio. La población del penal se organizó de manera que no haya problemas y, según Escóbar, los privados de libertad que ingresan deben «aportar» entre 200 y 300 bolivianos para ese trabajo.
La población carcelaria
El penal de San Pedro de La Paz alberga a 1.780 internos, según el ex presidente del Consejo de Delegados, Dante Escóbar. En todo el país existen cerca de 10.300 reclusos, concentrados principalmente en Santa Cruz, Cochabamba y La Paz, en ese orden.
Problema por los prediarios
A finales de marzo de este año los presos del penal de San Pedro de La Paz llegaron a un acuerdo con el Ministerio de Gobierno para aumentar en 20% el monto del prediario (de Bs 5,50 a Bs 6,60) de forma inmediata.
En esa ocasión, Régimen Penitenciario también se comprometió a hacer mejoras en cuanto a infraestructura y resolver el tema de la retardación de justicia.
El tema económico movilizó a los reos del país. El prediario, que se destina para la alimentación, era en ese entonces de Bs 5,50. Tras el acuerdo subió a Bs 6,60 y se llegó al compromiso de que llegue a Bs 8 en 60 días, pese a que San Pedro pidió un mínimo de Bs 10.
El martes último, el director de Régimen Penitenciario, Jorge Sueiro, anunció que las gobernaciones aceptaron hacer efectivo el prediario de Bs 8. «No es el monto que deseábamos, pero resuelve de alguna manera el problema de déficit alimentario», dijo Dante Escóbar, el ahora ex presidente de delegados de San Pedro.
La retardación de justicia
«En el tema de retardación de justicia hemos tenido buena receptividad, pero tampoco se ha concretado nada», señaló el ex presidente del Consejo de Delegados de San Pedro, Dante Escóbar.
Resaltó el apoyo de William Alave, presidente de la Corte de Distrito de La Paz, quien dijo que con los reos de San Pedro, Chonchocoro, y los centros femeninos se reúnen el 20 de cada mes para analizar la problemática en función a los procesos o a las demandas que tienen.
Escóbar indicó que la Ley 2298, de Ejecución Penal, que rige el sistema carcelario del país, establece el arresto domiciliario para mayores de 60 años y enfermos, pero no se cumple. «Hay personas de 70, 75 y 80 años que están presas (en San Pedro), son unos 120 internos», aseguró.
De acuerdo con una evaluación de la Defensoría del Pueblo, en febrero pasado, debido al nivel operativo de la justicia en el país, el 76% de los privados de libertad no tiene sentencia ejecutoriada.
Jorge Sueiro. El director general de Régimen Penitenciario, Jorge Antonio Sueiro, reconoce que el sistema de cárceles es deficitario y que el problema de la infraestructura carcelaria arrojó «un hacinamiento atroz». Dijo que esta problemática es un producto de la retardación de justicia.
‘Las cárceles de nuestro país son cementerios de personas’
— En el penal de San Pedro la falta de espacio ha obligado a los reos a habilitar «alojamientos» en celdas. ¿Es evidente?, ¿a cuánta gente afecta?
— Sí, a falta de espacio, ya en San Pedro tienen pequeños salones de trabajo, reuniones y hasta religiosos que están siendo copados por la inmensa cantidad de internos. San Pedro es uno de los más problemáticos en materia de superpoblación y hacinamiento.
— ¿El problema se repite en otros centros del país?
— En otros penales tienen y habilitan celdas improvisadas y construidas artesanalmente, del modo que pueden los internos.
— ¿Hacinamiento e infraestructura son los principales reclamos de los reos del país?
— El tema de infraestructura ha causado un hacinamiento atroz, increíble. Como dijo el presidente Evo Morales: «Las cárceles son cementerios de personas», en su discurso en la Cumbre de Seguridad Ciudadana, en Santa Cruz.
— ¿Qué mensaje se quiso dar?
Al decir que las cárceles del país son «cementerios de personas», quiere decir que (los privados de libertad) están ahí olvidados, muertos en vida, por la retardación de justicia, por ejemplo.
— Se sabe que ya consiguió avances con los prediarios y en materia de retardación de justicia… ¿cómo allanar el tema del hacinamiento, de espacios?
— Ahora tenemos el apoyo incondicional de todas las gobernaciones. En la Cumbre de Seguridad Ciudadana han propuesto un porcentaje de su IDH para apoyar la labor en esta área y corresponde a Régimen Penitenciario renovar infraestructuras de las cárceles, ampliarlas para que los internos de una vez cumplan ese rol fundamental que es el de la reinserción social y la rehabilitación.
— Se anunció la creación de dos complejos carcelarios, ¿cierto?
— Son dos cárceles, en Santa Cruz y La Paz, las que han motivado la iniciativa, pues en San Pedro el hacinamiento es un problema latente. El diseño está a cargo de una empresa que ganó la licitación y, en unos 50 días, debe presentar un diseño final de una cárcel para 2.500 personas, que aglomere a todas las cárceles que no tienen la infraestructura adecuada. En Santa Cruz el proyecto también tiene avances importantes.
— ¿Para cuándo se prevé la entrega de estas obras y, entretanto, cuánto crecerá la población penitenciaria del país?
— En el caso del proyecto en La Paz, en septiembre se convocará a la empresa constructora que realizará la infraestructura con el dibujo a diseño final; creemos que en no menos de dos años se pueda realizar la edificación. Estaríamos hablando de que a finales del 2013 o principio del 2014. En cuanto a la población penitenciaria, ésta tiene un crecimiento de 10 a 12% anual, pero se tomarán las medidas necesarias para implementar nuevas infraestructuras, no hay que tener solamente una, como ha pasado con San Pedro.
— Pero hay situaciones urgentes, el de las carceletas de provincia, Montero por ejemplo…
— Aparte de estas dos megacárceles se va a trabajar también en la remodelación y arreglos en las carceletas. Montero es un caso lamentable, son tres o cuatro habitaciones que albergan a más de 100 reos. Allí había una infraestructura nueva que no se ponía en funcionamiento y la habilitaremos junto con la Gobernación hasta septiembre. En Yacuiba se está construyendo ambientes; se hace lo mismo en Oruro y otras regiones, con las gobernaciones, para renovar infraestructuras.
— ¿No se interrumpirá esta labor con el traspaso de Régimen al Ministerio de Justicia?
— Creo que es una situación administrativa y la transferencia se dará sin ningún trauma, estimo que en el 2012, puesto que los presupuestos ya están identificados en el Ministerio de Gobierno. Régimen seguirá con su trabajo.
— ¿Se espera mejor trabajo con la tuición del Ministerio de Justicia? ¿Menos retardación?
— Se puede tener una esperanza, pero no porque esté bajo administración del Ministerio de Gobierno se dio un maltrato. Siempre nos han preocupado los problemas de administración de justicia, que arroja retardación y nos llena las cárceles. El Ministerio de Justicia, más cuando se vienen autoridades electas en el área (a través de los comicios de octubre), podrá diseñar políticas para combatir la retardación de justicia.
— Del 1 al 10, ¿qué nota merecería infraestructura y la relación con la población penitenciaria?
— Le pondría un tres a infraestructura, no creo que lleguemos a cuatro… Tenemos buena relación con los internos, creo que la nota es 7.
El estado de carceletas de provincia es lamentable
El Defensor del Pueblo evidenció que hay mayor deficiencia
Según un informe del defensor del Pueblo, Rolando Villena, sobre la situación carcelaria del país, difundido en febrero, las carceletas de áreas rurales presentan mayores deficiencias, sobre todo en la región de Santa Cruz.
Una visita a las carceletas de Camiri, Charagua, Vallegrande, Ascensión de Guarayos, Buenavista, Portachuelo, Montero, Warnes, Puerto Suárez y La Guardia permitió al Defensor del Pueblo constatar una «situación alarmante y riesgosa para el sistema carcelario, la seguridad y la humanidad de quienes guardan detención por la comisión de algún delito».
En la carceleta de Montero, que cuenta con cuatro celdas, se contó a 160 reclusos. En la celda N° 1 (6×4 m) hasta febrero había 34 internos, en la N° 2 (5×6 m) 48 y en la N° 3 (5×6 m) 56 internos «amontonados». Una cuarta celda (4×4 m) alberga a siete mujeres.
En la carceleta de Buenavista el Defensor contó hasta octubre del 2010, cuatro celdas de 2×3 m para 18 detenidos, un baño y un «patio» de 1×7 m.
En Portachuelo sólo hay celda para varones y si llegan reclusas improvisan un espacio en el garaje. En Camiri los presos carecen de prediarios; en Vallegrande, 19 custodiados habitan en dos ambientes de 3×3 m, y en Bahía, 62 internos son vigilados por cuatro policías, en cuatro celdas.
De los 53 recintos penitenciarios que hay en Bolivia, 17 están en ciudades capitales y en 14 de ellas hay hacinamiento.
