Un menor de 14 años sindicado de robo agravado y recluido en la cárcel San Pedro será trasladado al centro terapia varones dependiente de la Gobernación de La Paz, por determinación judicial, determinó el juez Quinto de Instrucción en lo Penal, Ricardo Maldonado, tras escuchar los argumentos de la defensa, representada por abogados de la Defensoría de la Niñez y Adolescencia del distrito Maximiliano Paredes, la Defensa Pública y la Fundación Manos Abiertas.
El adolescente J.CH.C. fue detenido el 28 de junio en inmediaciones de la calle Chorolque, zona norte de la ciudad, en posesión de objetos sustraídos a una mujer en vía pública, y fue trasladado a la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC).
El menor fue registrado con otro nombre y con la edad 17 años. Con estos antecedentes, el fiscal de Materia, Fernando Cortez Flores, solicitó al Juez Cautelar la imputación formal contra el sindicado, por el presunto delito de robo agravado en flagrancia y la detención preventiva del imputado en el penal de San Pedro, donde ingresó el 30 de junio por disposición del juez que siguió la causa.
Debido a la situación, el juez dispuso la remisión de los antecedentes al Juzgado del Menor, y la elaboración de los mandamientos correspondientes de libertad y transferencia del adolescente al centro especializado para rehabilitación de menores.
Una comisión de la Defensoría del Pueblo, dirigida por el representante Departamental de La Paz, Álvaro Adel Flores, y personal de las Adjuntorías de Promoción y Análisis y Programas y Actuaciones Especiales de la oficina nacional, visitó al centro penitenciario de San Pedro, para conocer la situación jurídica del menor, las condiciones en la que se encuentra el menor y el trato brindado por los internos, policías y personal de régimen penitenciario.
El artículo 23 parágrafo II de la Constitución Política del Estado señala: «Se evitará la imposición a los adolescentes de medidas privativas de libertad. Todo adolescente que se encuentre privado de libertad recibirá atención preferente por parte de las autoridades judiciales, administrativas y policiales. Éstas deberán asegurar en todo momento el respeto a su dignidad y la reserva de su identidad. La detención deberá cumplirse en recintos distintos de los asignados para los adultos, teniendo en cuenta las necesidades propias de su edad».
