En efecto, el miércoles 13 de julio por la madrugada la AJ intervino seis casas de juego en la capital cruceña, cinco de Bingo Bahiti y una de la empresa Corhat. El Director Ejecutivo de la AJ explicó que la principal razón fue la falta de licencia de funcionamiento, según lo dispone la Ley 60. La misma norma señala unas muy severas sanciones para las empresas que incumplan con lo dispuesto.
Según lo establecido por la Ley 60, las empresas de juegos de azar tenían un plazo determinado para adecuarse a la nueva normativa, fundamentalmente a través de la obtención de licencia de funcionamiento otorgada por la AJ. Algunos propietarios de esta clase de empresas demandaron la ley por inconstitucional y decidieron no acatarla hasta que el Tribunal Constitucional se pronunciase al respecto. Finalmente, activaron, a nombre de sus trabajadores, una campaña de desprestigio de jueces y otras autoridades que no les habían sido favorables en su lucha por discutir y no acatar la ley.
Algo similar pasó el miércoles, cuando centenares de trabajadores de las casas intervenidas salieron a las calles a exigir al Gobierno que les devolviese sus fuentes de trabajo. Tal vez confundidos, no apuntaron a sus empleadores, verdaderos responsables de su inseguridad laboral, por no cumplir las normas. El número de posibles desempleados se multiplicó el jueves cuando la empresa decidió cerrar temporalmente sus demás salas de juego en el resto del país. Y vistos los antecedentes, es previsible que en el curso de los siguientes días aparezcan en los medios solicitadas de los trabajadores culpando al Gobierno de su situación.
Lo ocurrido con estas dos empresas amenaza a otras 260, que tampoco regularizaron aún su situación jurídica. El Director Ejecutivo de la AJ anunció que «los operativos que se iniciaron en Santa Cruz, se expandirán a todo el país hasta llegar a la última empresa que opere de manera ilegal». Hoy, sólo dos empresas han tramitado sus respectivas licencias.
A diferencia de la suerte que corren los jugadores y apostadores en casas de juego y casinos, las políticas públicas, especialmente sus efectos y resultados, no pueden estar libradas al azar. La Ley 60 tiene la virtud de normar una actividad que hasta el año pasado se desarrollaba de modo clandestino, y por tanto librado de controles y sanciones, pero sobre todo, de señalar cuál es el bien común que debe protegerse, cosa que algunos empresarios del rubro se resisten a aceptar.
