La Red de Participación y Justicia (RPJ) detectó «irregularidades» y calificó este proceso de selección de candidatos a autoridades judiciales como «poco transparente». Afirmó que las comisiones legislativas no cumplieron el reglamento de preselección.
«El proceso de selección de candidatos al Órgano Judicial ha sido poco transparente por una serie de factores», aseguró Faride Tirado, secretaria técnica de la RPJ, una organización privada internacional de veedores sin fines de lucro acreditada ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE).
Por su parte, el coordinador de Proyectos de la RPJ, José Luis Vargas, dijo que hubo falta de coordinación entre las comisiones de Justicia Plural y de Constitución, instancias que evaluaron los requisitos de los postulantes para contar con criterios idóneos en la recepción de las candidaturas.
También, un gran número de aspirantes se inscribió a «última hora», lo que motivó la existencia de largas filas en las comisiones. «El reglamento de preselección estaba bien claro, sin embargo, era de desconocimiento de varios postulantes, lo que dificultó cumplir con las exigencias», afirmó Vargas.
Tirado agregó que durante la apertura de sobres hubo una escasa planificación en las comisiones legislativas encargadas de la evaluación. Además explicó la carencia de un criterio en cuanto a la verificación del cumplimiento de los requisitos.
La RPJ criticó, también, la baja asistencia de asambleístas de oposición, mientras que la presencia de los asambleístas del oficialismo se mantuvo constante en todas las etapas del proceso, «aspecto que llamó la atención».
En criterio de Vargas, el tiempo que las comisiones otorgaron a los legisladores para la revisión de documentos de los aspirantes fue escaso. «24 horas para analizar un expediente de más de 400 hojas y dos CD con entrevistas es humanamente imposible».
Respuesta. Estas observaciones fueron criticadas por el presidente de la Cámara de Diputados, Héctor Arce (MAS), quien rechazó el informe de la RPJ, aunque resaltó el que brindó la Organización de Estados Americanos (OEA) sobre el proceso.
«La OEA es una organización seria que cumple una misión de observación en este proceso, ellos han validado el mismo, tras ver que se lo ha hecho de forma transparente, y la prueba de ello fue que el presidente de la Asamblea Legislativa, Álvaro García Linera, pidió la renuncia de una candidata al Consejo de la Magistratura, cuando nos percatamos que era familiar de un funcionario de la Presidencia», afirmó Arce.
El enviado especial de la Misión de Observadores de la OEA, Enrique Correa, observó desigualdad en los perfiles de los postulantes al Órgano Judicial, por lo que recomendó a los legisladores, la semana pasada, tomar en cuenta ese aspecto en la definición de la lista de candidatos.
A su vez, Correa destacó la «seriedad» que demostraron los legisladores el momento de la selección de aspirantes y calificó como «válida» la preselección de postulantes.
La Asamblea Legislativa seleccionó 118 candidatos al Órgano Judicial y remitió esta lista al TSE, que desde ayer se hace cargo del proceso eleccionario que se desarrollará el 16 de octubre.
La RPJ observó el proceso desde el primer día en que se abrieron los libros para la inscripción de candidatos. Incluso, fueron desalojados por miembros del oficialismo cuando se empezó con las sesiones de impugnación de postulantes, con el argumento de que las audiencias eran privadas.
La OEA, por su parte, también desarrolló su trabajo de observación desde el inicio del proceso, aunque con menos veedores. Desde la elección de candidatos en la Asamblea Legislativa, la organización regional contó con representantes de varios países también acreditados ante el TSE.
Otros aspectos criticados
La Red de Participación y Justicia también observó la evaluación de méritos y entrevistas. «Por una cuestión de equidad para todos los postulantes, no se debió recibir documentación complementaria de algunos postulantes a destiempo. La Comisión Mixta de Justicia Plural estableció como criterio que no se acepten documentos complementarios, en cambio la Comisión de Constitución usó un criterio diferente, permitió que los postulantes inhabilitados por falta de documentación, presenten luego sus documentos», dice.
Renuncian a cargos que ejercían, 41 candidatos
Un total de 41 candidatos a las elecciones judiciales de octubre certificaron ante el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que renunciaron a los cargos que ejercían, informó la vocal electoral Dina Chuquimia.
Entre las hoy exautoridades que cumplieron con el requisito de renunciar a sus cargos 90 días antes de las elecciones, están Jorge von Borries, expresidente de la Corte Suprema de Justicia; Juan Lanchipa, expresidente del Tribunal Constitucional; y William Alave, expresidente de la Corte de Distrito de La Paz, detalló.
La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó entre el martes y viernes de la semana pasada la lista de 118 candidatos al Tribunal Supremo de Justicia, al Tribunal Constitucional Plurinacional, al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura.
La Razón informó el viernes que al menos 36 personas de una lista parcial de candidatos fueron o son exfuncionarios públicos. Chuquimia sostuvo que 41 aspirantes presentaron ante el TSE sus cartas de dimisión a los cargos que ejercieron.
El Órgano Electoral tiene la lista de postulantes y anunció, a través de su presidente, Wilfredo Ovando, que hasta hoy hará conocer si tiene o no observaciones a alguno de los aspirantes. Entre los que certificaron que renunciaron a sus cargos públicos también están los exfiscales Yilka Hinojosa y Milton Mendoza, y el exministro de la Corte Suprema, Esteban Miranda, informó.
