El asesor jurídico de la Alcaldía de La Paz, Fernando Velásquez, precisó ayer en conferencia de prensa que si bien la Sentencia Agraria 24/2011 revierte el Título Ejecutorial N°384319 Serie «A» de la familia Jordán, el documento no da derechos sobre esos predios a terceros y menos a los comunarios.
«Si advertimos que hay acciones directas y avasallamientos contra los actuales propietarios vamos a solicitar el apoyo policial», advirtió.
Los comunarios admitieron el lunes que notificaron con el fallo a dos propietarios de un área de Mallasilla que es terraceada para que detengan estos trabajos. Pese al argumento edil, Blanco expresó que la sentencia favorece a su comunidad.
«El Estado ha demandando y ha ganado. Nosotros nos incluimos como terceros afectados en el proceso». Los comunarios reclaman para sí 162 hectáreas.
Plano. «Vamos a solicitar los planos al Tribunal Agrario del área afectada, que se supone debería tenerlos; sino, vamos a buscar los datos a la ABT. Tenemos que ver la extensión que estaría abarcando el fallo», dijo Velásquez.
Setenta y dos horas después de que se divulgara la sentencia agraria el 20 de junio del 2011, cuyo auto complementario se emitió el 6 de julio, aún no se cuenta con información oficial sobre los predios afectados.
La Dirección Jurídica estableció que la propiedad pública, es decir, calles, plazas, monumentos, sitios de preservación, naturales y otros, no han sido afectados, ya que cuentan con el amparo de la Ley de Municipalidades.
Pablo de la Riva, representante de los copropietarios afectados por la sentencia del TAN, sostiene que la mancha urbana de la zona, el Cactario e incluso el Valle de la Luna se verán perjudicados, aunque el dirigente de los comunarios Damián Blanco manifestó que los predios son los que bordean la mancha urbana de Mallasilla, es decir, cerros y quebradas. Ni De la Riva ni Blanco mostraron documentos o planos que apoyen sus palabras.
En cuanto a la propiedad privada, Velásquez explicó que el fallo que declara la nulidad del título ejecutorial supone que la propiedad nunca salió del dominio originario del Estado. Según explicó, en este caso, el Estado está representado por el municipio de La Paz, que tiene jurisdicción en el área urbana.
«Estamos analizando cómo garantizamos a los propietarios que han adquirido de buena fe la propiedad, que tienen consolidado su asentamiento y garantizar su permanencia en el área. Se están analizando los mecanismos legales para consolidar aquello».
TAN ampara compras de buena fe
Sentencia
«En cuanto a la nulidad de las transferencias posteriores a la emisión del título ejecutorial, cuya nulidad se declara, se salvan derechos de buena fe y legalmente adquiridos por terceros, que deberán hacerse valer en instancias judiciales», dice.
Críticas contra el Ejecutivo
El apoderado de los copropietarios de los predios revertidos en Mallasilla, Pablo de la Riva, y el concejal opositor Jorge Silva (MAS) señalaron ayer por separado que hubo dejadez del Ejecutivo edil en el proceso de nulidad del título ejecutorial de Raúl Jordán Velasco, que le daba derecho sobre 705 hectáreas de tierra en la mencionada zona.
«La Alcaldía de La Paz nunca se ha pronunciado en el proceso, ni ha defendido sus derechos por lo que podría perder en Mallasilla», dijo De la Riva a la red Uno. El concejal Silva lamentó que el Gobierno Municipal no haya comunicado en su momento a la población sobre este tema.
«Se presume que este fallo puede afectar a la inversión municipal. Sabiendo eso hubo una omisión y un silencio cómplice porque la Alcaldía debería haber sido parte del proceso».
Sobre estos cuestionamientos, el asesor jurídico de la Alcaldía, Fernando Veláquez, aclaró que el Ejecutivo edil no podía intervenir en el litigio en el Tribunal Agrario porque era un proceso entre la Autoridad de Bosques y Tierra (ABT) contra un privado.
«Se estaba discutiendo el título de un privado y la Alcaldía no podía inmiscuirse. Los efectos hacia adelante involucra a privados, pero a nosotros, en cuando a la propiedad pública está garantizada».
Periplo judicial del exfundo Mallasilla
1953
Comunarios denuncian que la extensión de la hacienda Mallasilla sobrepasa a la mediana propiedad y que no se ha invertido capital ni hecho labores agrícolas.
1957
El 30 de enero el Juez Agrario de la provincia Murillo emite una sentencia declarando probada, en parte, la denuncia de latifundio.
1957
El fallo afecta en su totalidad la parte de Raúl Jordán Velasco, Jorge Rodríguez Balanza y del Club de Caza y Pesca, pero no 62,8 ha del Club de Golf La Paz.
1957
La citada sentencia dispone, además, la dotación de diferentes superficies a 22 campesinos y revierte al Estado 515 ha de terrenos incultivables.
1957
Este fallo es apelado por Raúl Jordán Velasco, quien alega que producto de diversas transferencias en 1953 sólo era dueño de una extensión no mayor de 20 ha.
1957
Auto de vista del Servicio Nacional de Reforma Agraria (SNRA) de 30 de agosto dispone se extienda título de consolidación por 20 ha a favor de Raúl Jordán Velasco.
1957
Se emite la Resolución Suprema Nº 75265 del 26 de octubre que aprueba un auto de vista del 30 de agosto.
1958
Un informe del SNRA del 28 de abril concluye que la superficie consolidada a favor de Raúl Jordán Velasco alcanza no a 20 ha sino a 705,5 ha.
1966
El 10 de mayo, un auto de vista del SNRA aprueba el informe citado, afectando las 515 ha revertidas a dominio del Estado en 1957.
1967
El auto de vista es aprobado por Resolución Suprema Nº 75265 del 26 de octubre, que dispone, además, la extensión de los títulos ejecutoriales.
1968
Se aprueba la Ley Nº 453 del 27 de diciembre, que incorpora al radio urbano de los municipios de La Paz y Achocalla los terrenos de la ex Hacienda Mallasilla.
1969
El Consejo Nacional de Reforma Agraria emite el Título Ejecutorial Nº 384319 Serie «A», del 24 de febrero, sobre 705,5 ha a favor de Raúl Jordán Velasco.
El Concejo Municipal emitirá hoy su posición
El Concejo hará conocer hoy su posición oficial sobre el fallo 24/2011 del Tribunal Agrario Nacional (TAN), que anula el título ejecutorial de Raúl Jordán Velasco porque su superficie, de 705,5 hectáreas, no corresponde con las 20 hectáreas que le consolidó el desaparecido Consejo Nacional de Reforma Agraria.
El Concejo sesionó ayer a puertas cerradas y en la reunión se cuestionó al concejal Omar Rocha, de Unidad Nacional, por formular declaraciones a nombre del Concejo.
Rocha había anunciado un proceso por prevaricato contra el vocal relator del TAN Antonio Hassenteufel. «Las declaraciones unilaterales no son compatibles con el criterio de todo el Concejo», dijo Jorge Silva, concejal del MAS.
La presidenta del Concejo Gabriela Niño de Guzmán, declaró que bien el Legislativo edil reconoce la sentencia, es importante que el TAN haga llegar un plano para conocer qué espacios abarca la sentencia. Añadió, además, que el Concejo defenderá «el derecho a la propiedad privada de todas las personas que tienen papeles y que viven en esa zona (…) «.
Silva apuntó que mientras no se conozca el área afectada no se podrá tomar una acción. «Hay muchas versiones que lo único que generan es pánico», expresó.
