El fenómeno se manifestó con más fuerza en las últimas cuatro semanas, desde el intento de homicidio de Alejandro von Borries y posterior secuestro de su esposa, Adriana Ribera (28 de junio) hasta el ataque armado contra el abogado Denver Pedraza (18 de julio) a plena luz del día y en el centro de la capital.
En medio de ambos hechos, el 8 de julio se halló el cuerpo acribillado con 10 proyectiles de Limberg Baptista. Éstos y otros casos se encuentran relacionados con el negocio del narcotráfico, que ha llevado al Gobierno a proyectar cuatro leyes para encarar esta batalla, cuyo epicentro es justamente Santa Cruz.
MOTIVO. ¿Pero por qué Santa Cruz? El director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN), Gonzalo Quezada, y el secretario de Gobierno de la Gobernación cruceña, Vladimir Peña, coincidieron, por separado, en señalar que ésta es una zona estratégica para la producción y tráfico de cocaína. «Santa Cruz es un paso obligado para el tráfico de drogas», señaló Quezada.
Dijo que se constituye en un corredor de Perú a Brasil, que además va hacia Argentina y Paraguay. Peña fue más allá. Expresó que «Santa Cruz está dentro del circuito de la droga», entre el trópico cochabambino, considerado un punto de producción de coca y cocaína, y Brasil y Paraguay, países por los que se exporta la droga a Europa. Además, alertó sobre la violencia que acompaña este negocio.
La violencia a la que hizo referencia dio sus primeras señales el 25 enero, cuando Roque Riquelme Soria Parada (46) y su esposa Roxana Áñez Aguilera (42) fueron asesinados con más de 20 balazos. Ambos eran suegros del teniente Julio René Navía, detenido por legitimación de ganancias ilícitas, tráfico de sustancias controladas y organización criminal, y quien además es sospechoso de ser el autor intelectual del doble crimen.
El director del Centro Latinoamericano de Investigación Científica (Celin), Franklin Alcaraz, afirmó que estas acciones deben ser frenadas. Recordó que el clima de violencia en Colombia y México empezó con acciones similares a las de Santa Cruz.
Indicó que los narcotraficantes contratan sicarios y promueven hechos violentos para demostrar su poder y amedrentar a las autoridades que los persiguen.
Coincidentemente, en las investigaciones que llevan adelante las fuerzas antidrogas, se estableció la presencia de extranjeros que fueron miembros de grupos irregulares y trabajaron como sicarios. En junio se detuvo a Carlos Buitrago, miembro del cártel del Valle y las Autodefensas Unidas de Colombia y, esta semana, a André Magalhaes, integrante de un brazo del Comando Vermelho de Brasil y confeso asesino a sueldo.
También en junio, una fuente de Inteligencia de la Policía colombiana reveló en Bogotá que tenían información de que alrededor de 3.000 colombianos se trasladaron a Bolivia. Entonces, el director de la FELCN reveló que hay en el país sicarios del citado grupo y del Primer Comando Capital (PCC) que huyeron de Brasil por el control militar antidrogas.
Preocupación. El presidente del Comité Pro Santa Cruz, Herland Vaca Díez, sostuvo que esta situación alarma a los cruceños, por lo que pidió al Gobierno que declare a Bolivia «incompetente para enfrentar esta situación». «No hay control con los cultivos de la coca, con la fabricación, ni con el tráfico. El Gobierno tiene que pedir ayuda», manifestó.
El vicepresidente de la Federación de Empresarios de Santa Cruz, Guillermo Schrupp, detectó una inusitada circulación de dinero que distorsiona el mercado y afecta la economía del país.
El representante cruceño del Defensor del Pueblo, Hernán Cabrera, aseveró que «más allá de la danza de miles de kilos destruidos, millones de dólares en juego, de las fábricas que se descubren y destruyen, este problema vulnera los derechos humanos».
El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, pidió no estigmatizar a la actual administración y mencionó que desde el 2009 se destinaron $us 20 millones a la lucha antidrogas. El fiscal del Distrito cruceño, Isabelino Gómez, destacó los operativos conjuntos realizados con la Policía y anunció que éstos continuarán.
Narcotráfico
Isabelino Gómez: ‘Existe una violencia inédita’
«En estas últimas dos semanas hubo características muy inusuales en los hechos violentos en Santa Cruz que están en investigación. No se puede aún hablar de ajustes de cuentas entre organizaciones criminales, pero por las características de los casos y su complejidad, se ve que existe una violencia inédita en la ejecución de los delitos».
Sacha Llorenti: ‘Intentan estigmatizar al Gobierno’
«El Gobierno está en franca lucha contra el narcotráfico. Sabemos que algunos actores políticos intentan utilizar este tema para estigmatizar al Ejecutivo con una doble moral y una deshonestidad intelectual sorprendente. Las cifras son bastante objetivas de lo que se logró en estos años, en comparación de lo que se hizo en el pasado».
Guillermo Schrupp: ‘Día a día hay mayor violencia’
Día a día hay mayor violencia y la Policía realiza operativos y encuentra fábricas de droga en Santa Cruz. Hay secuestros y ajustes de cuenta. Lamentablemente, la inversión extranjera evalúa la calidad de la seguridad de un país porque a nadie le interesa invertir donde no existen garantías para el desarrollo de esa empresa.
Vladimir Peña: ‘Cambio de actitud del Gobierno’
Hace un año atrás denunciábamos que había cárteles y mafias que estaban viendo al territorio boliviano como un paraíso para las drogas. Alertábamos y exigíamos al Gobierno a tener una política clara de lucha contra las drogas y el primer requisito es un cambio de actitud del Gobierno que hasta ahora ha tenido un actitud permisiva.
Erwin Bazán: ‘Se requiere apoyo de los sectores’
«Los grupos locales que manejaban el narcotráfico se han puesto al servicio de los clanes internacionales. Evidentemente, la lucha contra el narcotráfico es prioridad del Estado, pero requiere de la corresponsabilidad de todos los sectores sociales y de toda la sociedad civil en general, para no caer en un deterioro de la misma sociedad».
Hernán Cabrera: ‘Se intensificó el narcotráfico’
«Se intensificó el narcotráfico en Bolivia de forma preocupante, tiene serias repercusiones negativas para los derechos humanos y los derechos de la Madre Tierra. Exigimos al Gobierno, Órgano Judicial, Policía, gobernaciones y gobiernos municipales, coordinar los esfuerzos para un combate serio, eficaz, coherente y con resultados».
