Ésa es una de las propuestas contempladas en el proyecto de ley elaborado por la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, encabezada por Marianela Paco Durán (MAS), que entre otros aspectos plantea la creación de agentes encubiertos para que investiguen a los culpables de trata y tráfico de personas.
El documento tiene la intención de «proteger la vida, integridad física, psicológica y sexual, la dignidad y la libertad de las personas» y con ese fin sugiere endurecer las penas que atenten contra esos principios con penas que van hasta los 15 años de prisión.
Según monitoreos de la Organización de Estados Americanos (OEA), «cada año en Bolivia, miles de personas entre 6 y 20 años de edad son vendidas, transportadas, retenidas, obligadas a trabajar y a prostituirse contra su voluntad».
El último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) recomienda a Bolivia hacer ajustes en su legislación contra los delitos de trata y tráfico de personas, y crear programas de Estado para brindar ayuda especializada a las víctimas.
Según los antecedentes del proyecto de ley, el 2008 la Policía Nacional investigó 30 casos de trata, nueve de tráfico de migrantes, cuatro de proxenetismo, tres de pornografía y espectáculos obscenos con adolescentes y niños, uno de corrupción de mayores y siete de corrupción de menores.
La propuesta presentada el jueves en la Asamblea Plurinacional crea tipos penales de trata y tráfico de personas, así como otros relacionados con esos delitos, modifica algunos delitos del Código Penal con sanciones más drásticas y cambia artículos del Código de Procedimiento Penal para introducir la figura de agentes encubiertos a fin de descubrir redes de proxenetas o delitos de trata y tráfico de personas.
El planteamiento prevé que entidades como el Ministerio de Justicia y los gobiernos autónomos departamental y municipal destinen presupuestos para desarrollar estrategias de educación y prevención sobre el tema.
También contempla la creación de Centros de Acogida para la recuperación y reinserción de las víctimas de los delitos consignados en el proyecto de ley. Y sugiere la creación de la Dirección Nacional de Trata y Tráfico de Personas bajo el régimen de la Policía para investigar estos hechos que atentan contra la dignidad y libertad.
En cuanto a las figuras penales, en el acápite de tráfico de personas introduce sanciones agravadas si es que participan madres, madres o tutores de niños, niñas y adolescentes.
«El que por sí o por tercera persona, por cualquier medio promueva, origine, produzca o edite material pornográfico en los que involucren a niños y adolescentes será sancionado con pena privativa de libertad de 10 a 15 años», indica otro acápite del proyecto, que además sanciona a quien tome «los servicios de niño, niña y adolescente» en los delitos de trata de personas con cárcel de entre 10 y 15 años.
La norma también agrava en un tercio las penas: omisión de denuncia, organización criminal, corrupción de menores, corrupción agravada, y publicaciones y espectáculos obscenos,
También permite el divorcio en caso de que un cónyuge sea víctima de trata a manos de su pareja.
Trata y tráfico
La trata de personas según las Naciones Unidas es la compra y venta de personas, que se comete especialmente contra mujeres, adolescentes y niños mediante el uso de la fuerza o de engaños. El tráfico de personas es la promoción de entrada o salida ilegal de ciudadanos de un país.
