El anuncio lo hizo el fiscal general del Estado, Mario Uribe, luego de admitir su preocupación por las informaciones cada vez más frecuentes sobre la actividad violenta del narcotráfico en el país.
«Teníamos 43 fiscales. Ahora vamos a tener a nivel nacional, incluidos los fiscales fronterizos, unos 60 fiscales», expresó Uribe, quien luego anunció la contratación de asistentes que también colaborarán con la labor en materia de sustancias controladas.
Además, Uribe anunció una reestructuración de las unidades especializadas que tiene el Ministerio Público para enfrentar la lucha contra el narcotráfico. Por ello, confirmó que esta semana está designando a los fiscales fronterizos, en 11 asientos, entre ellos Cobija, donde la televisión brasileña denunció recientemente la comercialización de droga sin ningún control.
FRONTERA. Recientemente, el Ministerio Público creó 11 nuevos asientos fiscales en las fronteras de Bolivia, como las localidades de Bermejo, Yacuiba, Villazón, Tambo Quemado, Desaguadero, Cobija, Guayaramerín, Puerto Suárez, entre otras.
Las autoridades designadas en estos recintos centrarán su trabajo en la lucha contra el contrabando, delitos medioambientales, pero principalmente contra el tráfico de sustancias controladas.
Recursos. La Fiscalía General recibió del Ministerio de Finanzas un presupuesto adicional de Bs 9 millones en esta gestión. Sin embargo, para fortalecer la lucha contra el narcotráfico en el país se requiere de Bs 25 millones, según dijo Uribe, aunque consideró que el monto asignado será suficiente para esta gestión.
En el Plan Operativo Anual (POA) que se trabajó en septiembre del año pasado, la Fiscalía General solicitó 180 millones de bolivianos de presupuesto para mejorar su trabajo.
En ese entonces, el fiscal Mario Uribe dijo que habían varias necesidades urgentes que se debería atender en cuanto a recursos económicos y humanos para poder realizar «una investigación transparente y ágil de los hechos delictivos». El presupuesto 2011 de esta entidad es de un poco más de Bs 104 millones, según el Ministerio de Economía.
En cuanto a recursos humanos en general, sólo en La Paz, sede de gobierno, cada fiscal tiene que atender entre 1.000 y 1.500 casos.
Ternas. Por otro lado, el fiscal general, Mario Uribe, informó que el Consejo de Fiscales de Bolivia ha elevado las ternas para el nombramiento de los 12 miembros que integran el Tribunal Disciplinario del Ministerio Público.
Además, se ha enviado otra terna para elegir al Tribunal de Concurso que evaluará a los postulantes al cargo de Fiscal de Recursos, tomando en cuenta que se tiene cuatro acefalías.
Denuncias a fiscales
Según el fiscal inspector Marco Antonio Rodríguez, la oficina anticorrupción del Ministerio Público del Distrito de La Paz registró 60 denuncias contra fiscales de materia desde que fue inaugurada la oficina el 8 de junio.
Para Uribe, el sistema judicial colapsó
Para el Ministerio Público, el Órgano Judicial del Estado ha colapsado en materia penal en todo el país, excepto Potosí. El fiscal general, Mario Uribe, lamentó que la demora judicial impida que los procesos iniciados puedan terminar con una sentencia en los juicios orales.
La máxima autoridad del Ministerio Público dijo que llegó a esa conclusión luego de recibir los informes de los nueve fiscales de distrito que se reunieron en Sucre, para evaluar la marcha de su institución.
«Estamos tropezando con un grave problema, ha colapsado el Poder Judicial, en todos los distritos excepto el departamento de Potosí», expresó Uribe, luego de un acto de firma de convenio con la Universidad Andina Simón Bolívar para la capacitación de fiscales.
La autoridad dijo que en todos los distritos existe demora en el despacho de causas, tanto en la etapa preparatoria como en la etapa del juicio oral. Según la información de los fiscales de distrito, las causas tienen que esperar «no sólo día o semana, sino meses para que el juez despache alguna petición o requerimiento del fiscal».
«Peor aún en la fase del juicio oral», expresó Uribe y añadió que las autoridades jurisdiccionales señalan el inicio de juicio oral para los dos próximos años o, en el mejor de los casos, para el siguiente año.
Afirmó que, pese a los esfuerzos que hace el Ministerio Público para cumplir con los plazos procesales y emitir los requerimientos acusatorios, «lamentablemente, no podemos ingresar al juicio oral porque los juzgados han colapsado, es decir que hay mucha demora en el Poder Judicial».
Asimismo, Uribe hará conocer el problema al presidente de la Corte Suprema de Justicia, «a fin de solicitarle la adopción de medidas al respecto», concluyó.
