Fiscales de diferentes distritos del país se reunieron en la Fiscalía General del Estado e hicieron conocer qué aspectos dan lugar a la lentitud en los trámites y la falta de resultados inmediatos que propician la retardación de justicia. Concluida la cita, salió a relucir que existen pocos jueces y se corre el riesgo de la conclusión de los trámites a tiempo. Las audiencias judiciales no avanzan al ritmo de las imputaciones y al final se tiene a fiscales que atienden más de 1.000 casos a la vez.
De esta realidad dio cuenta el fiscal general del Estado, Mario Uribe, quien señaló que «los fiscales de Distrito han informado que tienen que esperar no sólo días y semanas, sino meses para que el juez despache alguna petición o requerimiento del fiscal», situación que le llevó a concluir, el miércoles pasado, el colapso del Órgano Judicial en ocho distritos del país, excepto en Potosí.
Según datos de la Corte Suprema, hasta junio, 754 jueces atendían 591 mil causas; de ellas 247 mil están paralizadas, la mayoría en el eje central del país.
COlapso. Para la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, esta situación se constituye en una de las causas de la sobrecarga procesal de los fiscales no sólo en este departamento, sino en la troncal (La Paz, Santa Cruz y Cochabamba). «Es una sobrecarga procesal fuerte, no tiene punto de comparación con la carga procesal de otros distritos», dice.
Solamente entre la Fiscalía de El Alto y La Paz, desde el 2009 a la fecha se acumularon 46.194 casos. Los datos de la Unidad de Sistemas de la Fiscalía de Distrito de La Paz, sólo de la hoyada, dan cuenta que, en ese mismo periodo, se presentaron más casos en la División Propiedades (7.563), seguida de Económico-Financieros (3.824) y Personas (1.687), que representan poco más de la cuarta parte de los procesos.
«Tenemos aproximadamente 150 fiscales y falta; todos los asientos judiciales no tienen un fiscal como quisiéramos», explica Yañíquez, quien hace saber que la Fiscalía no cuenta con un ítem, por lo menos para un fiscal asistente para cada representante del Ministerio Público. «Algunos fiscales trabajan sólo con algunos pasantes y practicantes y atienden más de mil casos». Y el dato se confirma en la Unidad de Sistemas, que revela, por ejemplo, que al fiscal Edwin Alfonso Sarmiento le asignaron 742 casos el 2009, 727 el 2010 y 460 más en lo que va del 2011, lo que significa que sólo en las tres últimas gestiones sumó 1.929 casos.
Colapso. En El Alto hay fiscales de la División Propiedades y Personas que tienen hasta 2.000 casos, según la Unidad de Sistemas. «Hay insuficiencia de ítems, para un asistente fiscal, por ejemplo. Faltan equipos y la infraestructura es escasa y el ingreso de casos es permanente», señaló la fiscal Verónica Arancibia, en cuyo despacho tiene 1.060 casos, sin contar aquellos declarados «en comisión».
Sin embargo, no por ello hay fiscales que se alejan de esa función, por lo menos no en La Paz. «No hubo ninguna renuncia en este tiempo, sólo se fue la doctora Yilka Hinojosa (exfiscal de Sustancias Controladas), para promocionarse a un cargo de mayor jerarquía», indicó Yañíquez, para quien ni los casos de «fiscales corruptos» detectados los alejaron.
Indagan a fiscales por denuncias
El Ministerio Público de La Paz informó que en el primer semestre del 2011 sus funcionarios recibieron un total de 110 denuncias contra fiscales.
El despacho también reveló que cada día se presentan de cuatro a cinco quejas formales contra estos funcionarios.
De acuerdo con el fiscal Inspector, Marco Antonio Rodríguez, todas las denuncias se centralizan en las oficinas que el ministerio tiene en Sucre, ciudad que es sede de la Inspectoría General. Por denuncias probadas sobre corrupción entre enero y junio de este año fueron relevados de sus funciones, dos fiscales.
Intentan eliminar la corrupción
El fiscal Humberto Borges fue detenido el 30 de junio tras ser sorprendido en flagrancia recibiendo una coima de 2.000 bolivianos. Casi un mes después, el 27 de julio, el fiscal Carlos Adrián Loza fue acusado de pretender liberar de la cárcel a dos delincuentes y fue llevado a una audiencia cautelar, acusado por los delitos de falsedad de material, uso de instrumento falsificado, resoluciones contrarias a la Constitución e incumplimiento de deberes.
«La corrupción se siente en los pasillos de la Fiscalía», dijo la fiscal de Distrito de La Paz, Betty Yañíquez, al inaugurar la plataforma de Control Interno Anticorrupción, el 8 de junio.
No pasó ni un mes y se presentaron esos dos casos. «Se ha hecho una investigación objetiva. En el primero de los casos, ya existían denuncias, se hace el seguimiento y se lo encuentra en flagrancia. En el segundo, (Loza) con probabilidad habría emitido un certificado falso para dar lugar a la libertad de esos antisociales», sostuvo Yañíquez.
