Ayer, los ministros de Obras Públicas, Wálter Delgadillo; de Desarrollo Productivo, Teresa Morales; y de Salud, Nila Heredia, junto al presidente ejecutivo de la ABC, Luis Sánchez, llegaron a la localidad beniana de Puerto San Borja con el propósito de entablar el diálogo con los marchistas y acordar una metodología de trabajo para las seis mesas donde se atenderían los 16 puntos de su demanda.
El miércoles, los indígenas demandaron la presencia en el lugar de la movilización de 10 ministros de Estado para comenzar el trabajo en las mesas. Delgadillo y Morales explicaron que era complicado alejar a medio gabinete de la administración del Estado y propusieron el arribo paulatino de los funcionarios según el avance temático del diálogo.
A pesar de esta explicación, los movilizados reiniciaron ayer la marcha. «Tras escuchar el tono de todos los hermanos marchistas, decir que ellos están firmes para marchar. Ya supera mi propio juicio y la marcha continúa desde este viernes», había anticipado el miércoles, cerca de la medianoche, el presidente de la Confederación Indígena del Oriente, Chaco y Amazonía (CIDOB), Adolfo Chávez.
MOLESTIA. De retorno en La Paz, luego de lamentar la falta de «voluntad de diálogo» de los marchistas, la Ministra de Desarrollo Productivo señaló que el Gobierno aceptó la agenda de 16 puntos propuesta por la dirigencia indígena, al igual que la exigencia para que se presenten en el lugar de la movilización los 10 ministros.
«El Gobierno aceptó estos 16 puntos, aceptó esta agenda con la buena fe de entrar al diálogo», señaló Morales y afirmó que la decisión asumida por los marchistas «significa claramente que no hay voluntad de diálogo». «El diálogo se ha roto», añadió.
En Cochabamba, el ministro de Comunicación, Iván Canelas, expresó su preocupación por el rumbo que ha tomado el conflicto y protestó por la actitud de los dirigentes indígenas, a quienes acusó de hacerse «la burla» de los ministros y de generar un «proceso de inestabilidad en la zona». «Los ministros (…) no pueden estar caminando detrás de los marchistas, se les está rogando prácticamente para dialogar y ésa es una actitud que no puede continuar. Cuando quieran dialogar, que sean responsables, serios y vamos a dialogar por supuesto», aseguró.
De su parte, la ministra de Justicia, Nilda Copa, exhortó a los dirigentes de la CIDOB y del Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (Conamaq), que alientan la marcha hacia la ciudad de La Paz, a deponer su actitud, una vez que el Gobierno manifestó su voluntad para dialogar.
«Les pedimos a los hermanos indígenas a deponer su actitud intransigente y sentarse a la mesa del diálogo, porque existe la plena voluntad de los ministros de debatir los temas que demandan», dijo la funcionaria a los periodistas, tras conocer que los dirigentes decidieron retomar la marcha.
Los marchistas avanzaron ayer 17 kilómetros y llegaron a la población de Santa Ana de Moseruma. La marcha tiene como próximo objetivo arribar a la subsede de la Estación Biológica del Beni, a 50 kilómetros de la población de San Borja. Entre los movilizados hay 15 mujeres embarazadas y unos 20 niños menores de 10 años.
Ánimos altos y entusiasmo
«Estamos tranquilos y con mucho entusiasmo de continuar, estamos con los ánimos altos», afirmó el presidente de la Subcentral TIPNIS, Fernando Vargas, tras arribar a Santa Ana de Moseruma. Los indígenas descansarán hoy en esa localidad.
UNIR hizo un análisis sobre el conflicto
Una ruta alternativa y un diálogo sin condiciones podrían superar el conflicto por la carretera del TIPNIS entre indígenas y Gobierno, recomienda un análisis elaborado por la Fundación UNIR Bolivia para lograr la solución del conflicto por la construcción del segundo tramo de la vía Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
La Fundación plantea conformar comisiones de alto nivel, con una agenda mínima centrada en los temas que dieron origen al conflicto y a la movilización, y no en otros que pueden convertirse en eventuales trabas para lograr acuerdos. Hay 16 demandas.
Al referirse a la ruta alternativa, el documento de UNIR indica: «por una parte, el Gobierno flexibiliza su posición para diseñar una ruta alternativa de la carretera que no atraviese el TIPNIS y, por la otra, los indígenas aceptan la propuesta del nuevo diseño que articule oriente con occidente».
Según este trabajo, los sectores cocaleros y colonizadores deberían además suscribir un compromiso público para respetar la línea roja y no ingresar al TIPNIS. Así se respetarían los derechos de los indígenas, se protegería el parque y se haría la carretera entre oriente y occidente, pero por otro sector.
Indígenas marchan desde el 15 de agosto en contra del II tramo de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que atravesaría el corazón del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y piden un nuevo trazado.
Si las relaciones entre marchistas y Gobierno se tensan más, UNIR Bolivia alertar de algunas consecuencias para ambos sectores y para el país en general.
Fiscalía del Beni acusa de oficio a conductor
Abogados de los indígenas que marchan desde el Beni, informaron que el fiscal beniano José Carlos Saucedo inició de oficio una acción penal contra el chofer Humberto Iriondo, por la muerte de un niño, que falleció días atrás, al caer del vehículo que lo transportaba.
El 18 de agosto, el menor Pedro Moye perdió la vida al caer del motorizado que conducía Iriondo, por lo que el Ministerio Público lo responsabiliza del deceso. Según informes, se conoció que la camioneta donde murió Moye pertenece al Fondo Indígena, entidad dependiente de una institución del Gobierno.
En ese sentido, los abogados señalaron que Naciones Unidas envió al menos a dos de sus funcionarios para que observen el desarrollo de la marcha. Los indígenas indicaron que con la presencia de esta institución, habrá mayores garantías de ambos lados en los derechos humanos.
Dirigentes regionales aseguraron que unos 50 marchistas se sumaron en las últimas horas, entre indígenas sirionós, del Movimiento Sin Tierra, guaraníes e integrantes del Conamaq, de tierras altas.
Por otra parte, autoridades de salud temen que en el tramo entre Santa Ana de Moseruna y San Borja, separados por unos 100 kilómetros, la salud de los marchistas se masifique ya que no existe agua para el consumo humano.
