El dato fue desmentido ayer por el mismo exjefe policial, luego de que el diputado opositor Adrián Oliva presentó un video de la cadena estadounidense Univisión, en el que se vincula a Bolivia con uno de los más grande narcotraficantes de México, el Chapo Guzmán. «Estos informes fueron generados en una unidad de Inteligencia y seguramente, con el correr del tiempo (…), se ha filtrado a medios de comunicación, pero son absolutamente falsos», manifestó el exjefe policial.
Univisión cita supuestos informes de Inteligencia que indicarían que el excomandante tuvo nexos con el crimen mientras fue director de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN). «Se conoce que el coronel Nina, director de la FELCN, fue corrompido por estas organizaciones a través del grupo de policías que se encuentra destinado en Santa Cruz», señala el reporte que difundió el jueves Univisión.
Rechazo. En su defensa, Nina dijo ayer a PAT que le inventaron informes de Inteligencia para vincularlo con grupos de narcos. ¿De dónde salieron esos informes?, se le preguntó. «De fuente confiable, por eso en el momento en que le entregué le dije: ‘Con absoluta seguridad, señor ministro (Sacha Llorenti), estos documentos han debido llegar a su poder y, lo que más me preocupa, seguramente ya son de conocimiento del señor Presidente’; 48 horas después de que le dejé esa documentación se supo de la captura del general Sanabria en Panamá», indicó.
Los documentos de Inteligencia del Gobierno boliviano a los que Univisión dice haber accedido, citan «por lo menos a 40 personas, entre altos oficiales de la Policía, abogados y empresarios como facilitadores del millonario negocio de la cocaína».
Uno de esos reportes pediría investigar al general Nina.
Reacciones. Con base en el contenido de ese reportaje, el diputado Oliva sostuvo que el Gobierno debe explicar «qué hizo con estos informes que señalan y que establecen que antes que el comandante general de la Policía, el señor Nina, asuma el cargo, ya existían observaciones respecto a su persona, que lo vinculaban a hechos de narcotráfico».
Además, exigió que se dé a conocer las acciones realizadas para detectar la presencia de Chapo Guzmán o sus familiares directos en Bolivia. «Los detectives se quejan de que el Ministerio de Gobierno no atendía sus denuncias y culpan de la indiferencia al actual ministro Sacha Llorenti y al anterior, Alfredo Rada», agrega el reporte de Univisión.
Del hijo de Guzmán se afirma que estuvo en el país, en una escuela de pilotos, y que se estrelló en plena ciudad. También se habla de la presencia de los cárteles de Sinaloa, del Valle y del Primer Comando de la Capital, de México, Colombia y Brasil, respectivamente.
No obstante, el vicepresidente Álvaro García Linera, en conferencia de prensa, manifestó ayer que «el Ministro (de Gobierno) ha informado que no existe eso, lo que hay es vínculos, son redes, son estructuras que se van creando y se las va desmantelando». Añadió que cuando reciban información sobre algún vínculo de un funcionario con el narcotráfico, será procesada y viabilizada, según ANF.
«No tengo conocimiento de la presencia de cárteles del narcotráfico», sostuvo el ministro de Comunicación, Iván Canelas. Además, afirmó que los resultados de la lucha contra el narcotráfico así lo demuestran.
Condena a Sanabria se dictará el 23
Debido a una solicitud del abogado Orlando del Campo, quien representa al coacusado Marcelo Juan Foronda Azero, se suspendió ayer la audiencia en la que se iba a conocer la sentencia contra el general (r) René Sanabria, detenido en Estados Unidos por delitos de narcotráfico.
Del Campo indicó a los medios de prensa que había pedido a la jueza federal Úrsula Úngaro que posponga la audiencia porque todavía «hay algunos asuntos que deben ser aclarados», aunque no precisó cuáles, reportó ANF. Además, la defensa de Sanabria se habría sumado a ese pedido.
Una portavoz de la oficina de la jueza Úngaro anunció a EFE que la nueva fecha de la sentencia es el 23 de septiembre, a las 10.00.
Sanabria y Foronda accedieron ante fiscales federales a declararse culpables del delito de «conspiración para importar cocaína», a cambio de sentencias menos severas que las que les hubiese correspondido si eran enjuiciados por «importación de cocaína».
En la legislación estadounidense es posible llegar a acuerdos de este tipo con la Fiscalía con el fin de ahorrarles a los contribuyentes los costos de un largo juicio. En Bolivia se detuvo a 11 personas por presuntos vínculos con el exjefe antidroga, quien está detenido desde el 24 de febrero.
