El exviceministro de Régimen Interior y actual abogado defensor de las víctimas de la masacre de Sacaba, Nelson Cox, denunció un “pacto de impunidad” entre el gobierno de Luis Arce y los acusados de las masacres de 2019.
En Piedra, Papel y Tinta, de La Razón, lamentó que los casos de la masacre de Senkata y la represión de Pedregal, en La Paz, están “demorados» un año, debido al presunto acuerdo de impunidad.
Denunció que el ministro de Justicia, Iván Lima, y los acusados del caso confabularon para provocar una “dilatación y boicot” del proceso.
Acusó a Lima de impartir un “formulismo y una receta” en 2021 para que la expresidenta Jeanine Áñez sea juzgada en un juicio de privilegio.
Al ser consultado por la directora de La Razón, Claudia Benavente, sobre las pruebas de las acusaciones contra Lima, Cox respondió: “Hay un pacto, desde luego que sí, porque ya debería contar con una acusación”.
“Había la predisposición del Ministerio Público (de llevar el juicio por la vía ordinaria), pero hay un acuerdo del ministro de Justicia para entorpecer el avance del proceso”, insistió Cox, en 2019 delegado de la Defensoría del Pueblo en Cochabamba.
Ante la insistencia de la periodista sobre elementos concretos de su denuncia, el jurista dijo que tiene absoluta certeza de su acusación. “El único que no quería que exista un juicio ordinario es Iván Lima Magne”, sentenció.
Además, afirmó que desde 2021 hasta la fecha busca un juicio ordinario contra la expresidenta y reveló que en 2022 pudo constatar el “pacto de impunidad” promovido por Lima.
Al respecto, recordó la declinatoria de juicio ordinario en El Alto, en el caso de la masacre de Senkata, que no fue reclamada por el Ministerio de Justicia. Apuntó nuevamente a Lima, de promover un “juicio de privilegio”.
Asimismo, denunció que otra evidencia de los «acuerdos de impunidad» por lo hechos violentos de 2019 es la exclusión de los expresidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, además del abogado Waldo Albarracín, en los casos Golpe de Estado I y II.
El 15 de noviembre de 2019, una multitudinaria manifestación, a convocatoria de la Coordinadora de las Seis Federaciones del Trópico de Cochabamba, fue interceptada en el puente Huayllani, en Sacaba. El saldo fatal de la represión militar y policial fue 10 fallecidos.
Días después, el 19 de noviembre del mismo año, otra represión cobró la vida de otras 10 personas en Senkata, El Alto. Entonces, la movilización impedía la salida de combustibles de la planta de la zona en protestas contra Áñez.
Según el informe del Grupo Interdisciplinarios de Expertos Independientes (GIEI), ambos hechos fueron catalogados como “masacres”, en el caso de Sacaba incluso se determinó que hubo ejecuciones extrajudiciales.
Un día antes, el 14 de noviembre, Áñez puso en vigencia el Decreto Supremo 4078, conocido como el “decreto de la muerte”. La norma protegió la intervención conjunta de las Fuerzas Armadas y la Policía en las protestas en Senkata y Sacaba, además de otras, y eximía de responsabilidades penales a militares y policías.
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