El martes, la directora de la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia (ASP-B), María Prada, denunció que las restricciones impuestas por Chile en el puerto de Arica en materia de normativa, carga, vialidad y seguridad se han incrementado «con el paso del tiempo» afectando a la importación, exportación y transporte comercial desde y hacia Bolivia.
«Los administradores del puerto chileno (de Arica) están generando cierto tipo de abusos hacia la carga boliviana y no están respetando condiciones ya establecidas en el Tratado de 1904; incumplimiento que el Gobierno (de Bolivia) tiene que denunciar a nivel internacional», dijo a La Razón el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Daniel Sánchez.
Prada acusó también al operador privado del puerto de Arica de «lucrar con el enclaustramiento de Bolivia» y expresó que la República de Chile no hace «ningún favor» al país al permitirle usar esa terminal portuaria.
Datos proporcionados por la empresa Terminal Puerto de Arica (TPA) señalan que, de enero a julio de este año, el 65% de la carga movilizada en ese puerto es mercancía en tránsito desde o hacia Bolivia; el 23% corresponde a carga regional, el 2% al Perú; y el restante 10% a otros destinos. El volumen de la carga boliviana registró un incremento del 22% y generó un movimiento total superior al millón de toneladas. La carga de importación tuvo un crecimiento del 31%, mientras que la de exportación aumentó en un 11%, informó la TPA.
RECLAMO. Por la importancia del puerto para Bolivia, «estamos presentando las quejas respectivas (por las restricciones) a través de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Cámara Nacional de Comercio (CNC); instituciones empresariales que más cantidad de usuarios tienen en los puertos chilenos», aseguró Sánchez.
Durante la conferencia de prensa, la Directora de la ASP-B, entidad bajo tuición del Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, anunció que en los próximos días el «grupo de trabajo de libre tránsito» de ambos países sostendrá una reunión «al más alto nivel» para tratar las restricciones al comercio exterior boliviano.
Sin embargo, precisó, el Ejecutivo ya envió una representación al Gobierno chileno, a través de la Comisión Mixta Bolivia-Chile, que expresa que el país «no va a aceptar más condicionamientos que vayan en desmedro de los tratados vigentes».
Por su parte, el presidente de la Federación de Transporte Pesado Internacional de El Alto, Gustavo Rivadeneira, sostuvo que el país «debe buscar alternativas a los puertos chilenos, como Ilo (puerto de Perú)», para que los costos tarifarios vigentes en Chile no afecten las operaciones del sector, aunque reconoció que la iniciativa sólo se podría llegar a materializar en el mediano o largo plazo.
El tránsito de mercaderías con destino a Bolivia está considerado como uno de los 13 puntos de la agenda diplomática entre Bolivia y Chile. Sin embargo, la discusión de esta agenda aún no se ha reanudado.
Tratados y derecho de tránsito
Control
Las restricciones a la carga boliviana en el puerto de Arica comenzaron cuando se concesionó la administración del mismo a un monopolio privado, siendo que hasta el 2004 el puerto era operado por varias empresas, dijo la titular de la ASP-B, María Prada.
Interés
Al estar la administración portuaria en manos de varias operadoras, el Estado boliviano «tenía plena jurisdicción sobre la carga nacional y podía licitar su manejo en función a las propuestas que más le convengan», recordó.
