Así lo informó el viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, quien explicó que la banda de precios para los alimentos de mayor consumo se aplicará cuando el producto no tenga un precio estable, así como ocurrió «en el tema del aceite comestible que ha dado un buen resultado».
«En este momento no hay necesidad de aprobar una banda de precios en ninguno de los productos. Reitero, no existe razón para aplicar banda de precios en este momento», insistió.
El 27 de junio, un día después de promulgada la Ley de Revolución Productiva, la ministra de Desarrollo Productivo, Teresa Morales, dijo que el Gobierno regulará los precios de los alimentos de primera necesidad mediante bandas de precios.
Una semana más tarde, el ministro de la Presidencia, Carlos Romero, precisó que 10 alimentos iban a ser regulados por una banda de precios. Esta medida debía aplicarse hasta el 25 de agosto y tenía por finalidad garantizar un precio justo, tanto para el productor como para el consumidor. La banda de precios iba a aplicarse al maíz, la papa, el trigo, la harina, la leche y la carne, entre otros.
Según Vásquez, la carne de pollo en la actualidad no necesita ser regulada porque su valor se redujo. «Por ejemplo, hace un mes el kilo de pollo estaba en Bs 17 y hoy podemos encontrar el producto en Bs 15 en promedio al consumidor. Entonces, no hay necesidad de aplicar la banda de precios», afirmó el viceministro.
La disposición transitoria décima de la ley agraria establece que «el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural, a objeto de garantizar el precio justo del productor al consumidor, propondrá la normativa que establezca la banda de precios para la presente campaña agrícola de los productos agroalimentarios, en el plazo de 60 días a partir de la promulgación de la presente ley».
Rechazan regulación de precios
Regulación
El presidente de la Asociación Nacional de Productores de Oleaginosas y Trigo, Demetrio Pérez, reitero que la regulación de los precios de los alimentos, a través de bandas de precios, causará mayor especulación en los valores de los bienes en el mercado.
‘Ley debe entrar en vigencia’
El viceministro de Defensa del Consumidor, Fernando Fuentes, dijo ayer que la banda de precios para los alimentos de mayor consumo ya tendría que haberse puesto en vigencia según el plazo estipulado por la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria.
«Si la ley plantea en 60 días, se tiene que hacer conocer a partir del cumplimiento de este plazo, ya tendría que entrar en vigencia. Nosotros vamos a averiguar en qué situación está para poder cumplir nuestra función con más idoneidad», enfatizó.
El viceministro Fuentes indicó que el Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural es el responsable de dar a conocer la forma y las disposiciones de cómo se va a determinar la banda de precios.
Por su parte, el director del Viceministerio de Defensa del Consumidor, Nelson Guzmán, adelantó que el tema de la banda de precios estará inserto en uno de los capítulos del anteproyecto de Ley de Protección del Consumidor que se redacta en consulta con los diferentes sectores sociales.
Según Guzmán, la regulación de los precios de los alimentos será «cuando haya problemas de desabastecimiento y para garantizar los productos de la canasta familiar».
Buscan bajar tasas de interés para el agro
El viceministro de Desarrollo Rural, Víctor Hugo Vásquez, informó que se están realizando gestiones ante instituciones privadas y públicas con el fin de bajar las tasas de interés de los créditos agropecuarios por debajo del 6%, en el marco del Fondo Crediticio Comunitario (FCC).
«Nuestro objetivo es lograr un interés para el crédito por debajo del 6%; sin embargo, estamos trabajando de manera conjunta y una vez que se concluyan vamos a poder comunicarles», anunció.
El artículo 50 de la Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria establece la creación del FCC que será administrado en fideicomiso por el Banco de Desarrollo Productivo (BDP) con la finalidad de otorgar créditos para la producción agropecuaria a organizaciones económicas campesinas y pequeños productores al menor costo financiero posible. Los recursos del FCC que provendrán del Tesoro General de la Nación (TGN) y de otras fuentes serán canalizados a través de entidades financieras legalmente constituidas, explicó Vásquez.
El Órgano Ejecutivo está a la espera de la finalización del conflicto por la construcción del tramo II de la carretera Villa Tunari (Cochabamba)-San Ignacio de Moxos (Beni) para concertar con los sectores sociales los montos y las modalidades de pago de los créditos para el agro, explicó el viceministro de Desarrollo Rural.
«La Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria prevé que puede ser garantía (del crédito) la propia producción y los bienes urbanos y rurales. Creemos que va a ser fundamental construir de manera colectiva las garantías alternativas», dijo el funcionario.
