Fernández, quien fue remitido a Chonchocoro mientras dura el juicio por el caso Porvenir, donde murieron 13 personas, pretendía pedir la cesación de su detención preventiva al cumplir 36 meses preso y sin sentencia, como lo facultan las leyes. Pero salieron a flote dos procesos en su contra y en uno de ellos se ordenó su detención en San Pedro.
La tensión y el agotamiento, tras haber soportado dos audiencias y conocer los resultados, terminaron causándole una descompensación, por lo que fue trasladado a la clínica policial Virgen de Copacabana, aquejado de poliglobulia.
Apoyo. «Lo consideramos un preso político y asumimos una posición muy clara (…) Nosotros desde aquí, (expresamos) nuestra solidaridad con la familia de Leopoldo, creemos que su detención es una injusticia, pero atentar contra su vida es un crimen. Mantener a Leopoldo preso es un crimen que se comete a vista de todos los bolivianos», dijo el senador Róger Pinto (CN).
A nombre de otros asambleístas de la oposición, señaló que sólo defienden derechos y que no pueden mantener preso a Fernández, quien, según su hija Pamela, no tuvo ni un resfrío en los tres años que lleva preso.
También recibió apoyo de Indira Ramírez, esposa de Alejandro Peña Esclusa, uno de los líderes de la oposición radical al presidente venezolano Hugo Chávez. A Peña le tocó estar preso hasta julio de este año, fue excarcelado porque sufría de cáncer. «Me encuentro en este país para solidarizarme con la familia de Leopoldo Fernández. Lo peor que le puede pasar a uno es tener a su esposo preso (…) más aún cuando vemos que no se respeta el debido proceso (…) este caso me recuerda a lo que he vivido», aseveró, tras una misa de salud por Fernández.
En Cochabamba, el ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, dijo que es muy «sintomático» que a Fernández le aparezcan dolencias cuando el juicio avanza. «Queremos que haya una evaluación de médicos imparciales», señaló. Ayer debía hacerse análisis médicos al detenido.
