El ministro de Gobierno, Sacha Llorenti, informó hoy que el excanciller de Gonzalo Sánchez de Lozada Jaime Aparicio Otero presentó la carta de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)n en Estados Unidos.
Aparicio Otero trabaja en Washington donde tiene un buffet de abogados y en su calidad de profesional en leyes es que presentó la misiva que denuncia el riesgo que se vive en el Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure ante la posibilidad de que se construya por ahí el segundo tramo de la carretera entre Villa Tunari y San Ignacio de Moxos.
A criterio Llorenti la presentación de la carta por parte de Aparicio «es una demostración irrefutable de los vínculos de los dirigentes de la Cidob con el ‘gonismo'».
Aparicio fue embajador de Bolivia en Estados Unidos entre 2002 y 2003.
Fallo
La defensa de la Confederación Nacional de Naciones Indígenas Originarios de Bolivia (CNNIOB) espera el fallo de la CIDH, tras la denuncia que se interpuso por la violación a los derechos humanos que el gobierno habría cometido contra la marcha indígenas en defensa del Territorio Indígena y Parque nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), según ANF.
Uno de los argumentos de esta denuncia, que fue presentada el 16 de septiembre pasado, es la consulta previa para la construcción de la carretera que no se ha realizado.
Otro de los fundamentos de la denuncia con «atención de urgencia», es la libertad de locomoción que tienen todas las personas y que el gobierno debe garantizar, lo cual se habría vulnerado tras la instauración del bloqueo de los colonizadores en la población de Yucumo.
«Hay una situación urgente de intervención del gobierno, de permitir la libre expresión de las opiniones y de la protesta mientras, sea pacifica como se ha desarrollado hasta el momento, ese es el primer paso, lo cual debería incluir retirar a los colonos de Yucumo que bloquean la carretera», manifestó el abogado de la CNNIOB, Bjorn Arp desde EEUU a la Cadena A. La CIDH, es uno de los dos órganos del Sistema Interamericano responsables de la promoción y protección de los derechos humanos, cuyas normas y sanciones rigen en diversos países del mundo, incluido Bolivia.
