La consulta previa a los habitantes del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) sobre la construcción de una carretera, dispuesta por la Ley 222, aprobada y promulgada luego de la marcha de indígenas de ese parque, afronta dificultades. No sólo por la IX marcha indígena, sino también por lo breve del plazo para su ejecución.
El primero en hacerlo notar fue el Representante en Bolivia de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, quien en una misiva enviada al Gobierno sugirió explorar la posibilidad de que la consulta tenga un tiempo mayor; porque un tiempo muy restrictivo para la consulta también genera dificultades, según explicó el Ministro de la Presidencia. La iniciativa fue bien recibida desde el primer momento.
Según el ministro, el pedido es “razonable”, pues “no hay necesidad de atropellarnos en el tiempo o de acelerar el proceso; necesitamos construir un clima de confianza mutua entre el Gobierno y los pueblos y las organizaciones indígenas”, lo que también puede interpretarse como un indicador de que no todo es ni será fácil en el terreno donde debe consultarse a los directos afectados por la polémica carretera, hoy más que nunca presionados también por la dirigencia de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente (Cidob).
Por su parte, el Vicepresidente del Estado también señaló que hay buena aceptación en el Órgano Legislativo para ampliar el plazo de la consulta, y tanto el Ministro de la Presidencia como su colega de Gobierno adelantaron que esta semana será presentado ante la Asamblea Legislativa un anteproyecto de ley modificatoria de la Ley 222.
Como se sabe, la consulta tiene dos grandes finalidades, señala el artículo 4 de la Ley 222: por un lado, definir si el TIPNIS debe o no ser zona intangible, para encaminar el desarrollo de los pueblos indígenas que lo habitan, “así como la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos”. Por otro lado, busca establecer medidas de salvaguarda del TIPNIS, así como acciones destinadas a prohibir y desalojar asentamientos ilegales en el parque. Sin embargo, es previsible que en el curso de los próximos días el tema de los plazos para iniciar y concluir la consulta pase a segundo plano, habida cuenta de que la IX marcha indígena tiene entre sus demandas la anulación de este proceso, pese a que su ejecución responde tanto a lo dispuesto en la Constitución Política del Estado como en normas internacionales sobre derechos indígenas.
Es deseable que a pesar de las dificultades logísticas y de relacionamiento, y sobre todo del efecto político de la marcha impulsada por la Cidob, la consulta no se frustre, pues será el primer antecedente para una práctica que nunca más debe obviarse en el país: preguntar a los indígenas qué clase de futuro desean, y cómo.
