La falsificación y aplicación indebida de marcas está penada con seis meses a tres años de prisión (artículo 193 del Código Penal), sin embargo, los mercados informales del país se hallan repletos de libros, videos, música, alimentos, material de escritorio, bebidas y ropa piratas.
“Nosotros sancionamos la piratería, pero en el marco administrativo. Decomisamos y sancionamos a los vendedores en el marco de las ordenanzas y el régimen municipal del control del comercio. Las detenciones, remisión de los infractores ante un juez, etc., son tarea de la Policía o la Fiscalía, que tienen el poder coercitivo”, argumentó Ruiz.
La Intendencia lidia con el último eslabón de la cadena de la piratería: el vendedor al que le decomisa sus productos, pero no puede atacar al pirata a escala. “Hay instancias que no están haciendo el control: en frontera, es la Aduana, si el producto falsificado viene de otro país, y si la falsificación a gran escala es interna, el asunto es competencia de la Fiscalía y la Policía”, dijo.
“No decimos —añadió— que no tenemos responsabilidad en el control de la piratería, pero yo no puedo detener a un ciudadano, no puedo entrar a un domicilio sin orden de allanamiento, ni siquiera puedo hacer operativos en horas extraordinarias”.
Según sus propios reportes, la Intendencia realiza de tres a cinco operativos semanales de control sólo de la venta de libros, software, películas, estrenos, música, bebidas, enlatados, caramelos, alimentos y otros piratas. A principios de año decomisó una partida de colores y marcadores; en días previos a la festividad de Semana Santa confiscó sardina. La semana pasada destruyó más de 3.000 unidades de CD y 2.500 botellas de bebidas alcohólicas con marca falsa, que corresponden a los decomisos sólo de enero, y clausuró dos destilerías de bebidas pirata.
“Es muy fácil sindicar a la Alcaldía, pero ésta decomisa los productos de manera constante”, recalcó el Intendente.
Intendencia no controla la ropa con marca falsificada
La Intendencia Municipal de La Paz no efectúa ningún control sobre la ropa pirata, admitió el intendente Mauricio Ruiz. Y no lo hace porque nunca recibió denuncias de los fabricantes. “La mayor parte de las empresas de ropa afectadas son extranjeras, como Wrangler o Lewis, y para hacer el control necesitamos que el fabricante nos diga cuáles son las características de los originales”, explicó.
Sin embargo, también puso sobre la mesa la responsabilidad del consumidor. “Si las prendas se fabrican en Bolivia, y para vender más le ponen una marca extranjera, entonces el que está equivocado es nuestro consumidor, que prefiere lo extranjero a lo nacional”, dijo.
“Ahí habría que trabajar para concientizar al consumidor, explicarle que el producto nacional es bueno, más barato y está generando empleo. El problema es que somos muy alienados, si no es extranjero, no sirve, y este es uno de los secretos del éxito de la ropa pirata”, apuntó.
