El ministro de Gobierno, Carlos Romero, ordenó ayer, por segunda vez, expulsar a los 54 cadetes que ingresaron de manera presuntamente irregular a la Universidad Policial (Unipol). Dijo que hubo desacato a la orden superior y anunció una investigación.
“Se pidió que se deje sin efecto ese plan, que se anule la participación de esos cadetes. El comandante de la Policía (general Jorge Santiesteban) remitió por escrito esa instrucción y me parece muy grave que haya un desacato”, explicó la autoridad de gobierno. Romero agregó que el hecho de no haber cumplido de inmediato una orden superior da a pensar que “pueden existir razones para impedir su materialización” y que “eso también deberá ser objeto de investigación”.
Caso. El 19 de marzo, el general Santiesteban fue denunciado por enviar al coronel José Piérola, rector de la Unipol, una lista de 54 jóvenes originarios para ser incorporados a esa institución de enseñanza, previo pago de $us 5.000, en el marco del “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
Días después, Romero dijo que el “plan” era legal, pero que con la Policía se decidió suspenderlo y evitar susceptibilidades por presuntas anomalías. Aseguró que él no conocía el programa, ya que se procesó durante la gestión del exviceministro de Régimen Interior, Roberto Quiroz.
Tras la denuncia, el Ministerio de Transparencia presentó una querella ante la Fiscalía y se aprehendió a Piérola y al coronel Marco Ortuño, director de la Academia Nacional de Policías (Anapol).
A principios de este mes, el Ministerio Público imputó a ambos jefes policiales por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución y uso indebido de influencias. Tras una audiencia de medidas cautelares, el 11 de abril, el juez 3° de Instrucción en lo Penal, Rolando Chaca, determinó la detención domiciliaria para ambos jefes.
Romero recordó que en el transcurso de la investigación se evidenciaron situaciones que deben ser aclaradas por la Fiscalía. Entre ellas está el hecho de que en las listas ninguno de los bachilleres se autoidentificó como intercultural y que habían familiares de actuales autoridades de gobierno y de funcionarios públicos, como el caso del vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, Jorge Quino, cuyo hijo se acogió a este programa.
“Aprovecho para exigir públicamente se deje sin efecto cualquiera de esos nombres de la lista de 54 en las actividades académicas; consecuentemente, esas personas no pueden pasar clases en la Unipol”, afirmó la autoridad. El ministro Romero acotó que las actuales autoridades de la Unipol y Anapol (su rector y subdirector) son responsables de que esos 54 jóvenes continúen en esa institución de enseñanza policial.
“Son las autoridades de la Unipol; hemos emitido una instrucción, el comandante (Santiesteban) también lo formalizó de manera inmediata y nos sorprende que todavía haya gente de esa lista que esté en la Anapol, (esas autoridades) ya deberían haber efectivizado esa decisión y si no lo han hecho también tendrán que asumir responsabilidades por ello”, enfatizó la autoridad.
Fuentes del Ejecutivo señalaron que el Gobierno esperará las declaraciones que haga Santiesteban ante la Fiscalía para hacer un análisis de los elementos y tomar una decisión sobre la suspensión o no del comandante policial.
