Fuentes diplomáticas indicaron que el Ejecutivo fue avisado unas tres horas antes del anuncio que hizo el propio Mandatario boliviano en ocasión del 1 de mayo.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García-Margallo, habló con su homólogo boliviano, David Choquehuanca, mientras el ministro de Industria, José Manuel Soria, contactaba con REE, cuyo accionista mayoritario es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), con un 20% del capital.
Fuentes diplomáticas aseguraron que el tono de la conversación entre Margallo y su colega boliviano fue amistoso, y que Choquehuanca justificó la medida con base en el mandato incluido en la nueva Constitución del país. Asimismo, mostró su voluntad de negociar una compensación para la empresa española.
Esta actitud llevó a Moncloa (Palacio de Gobierno) a desvincular este caso de la reciente incautación de la participación de Repsol en la petrolera argentina YPF. “Se trata de un caso muy diferente, no se pueden equiparar”, indicaron fuentes gubernamentales.
Desde Moncloa se indicó que el presidente Mariano Rajoy, en contacto con Margallo y Soria, había reiterado su “firme decisión de defender los intereses de las empresas españolas en el exterior y su seguridad jurídica”.
La posibilidad de que la actitud de la presidenta argentina, Cristina Fernández, fuese seguida por otros líderes latinoamericanos era una de las mayores preocupaciones del Gobierno español. No obstante, la reacción de Morales ante la nacionalización de YPF fue muy moderada. Pese a defender el derecho de Argentina a nacionalizar sus recursos, subrayó que hay buenas relaciones con Repsol, que opera en Bolivia.
Por una indemnización justa
Walter Vásquez/ Tarija
Aunque abogó por una indemnización justa, el embajador de España en Bolivia, Ramón Santos, expresó la molestia de su gobierno respecto de la nacionalización de TDE y la necesidad de que Bolivia apruebe una ley de inversiones.
“Es una medida que naturalmente no ha gustado a mi gobierno. Aceptamos que el Gobierno de Bolivia puede adoptar una decisión de esa naturaleza, (porque) está dentro del ejercicio de su soberanía”, dijo en Margarita, Tarija, donde asistió al acto de ampliación de la producción de gas por parte de Repsol.
“La decisión manda una señal negativa desde el punto de vista de la inversión, tanto nacional y extranjera. Una medida de esa naturaleza no genera seguridad jurídica, sino lo contrario”.
España “está analizando la situación y va a realizar el seguimiento”. “Esperamos que ambas partes, empresa y Gobierno (de Bolivia), se sienten y negocien de buena fe una indemnización justa”, remarcó.
