El 12 de marzo de 2010, la petrolera de capitales anglo-argentinos Pan American Energy (PAE) presentó una demanda arbitral en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) en contra de Bolivia, por la nacionalización del total de sus acciones en la actual estatal YPFB Chaco (50% del paquete accionario).
“La empresa (PAE) ha suspendido ese arbitraje, producto de que se está en acercamientos para buscar soluciones acordadas y convenientes para cada una de las partes (…). Estamos en ese acercamiento”, reveló el martes el procurador general del Estado, Hugo Montero.
Este año, el Gobierno decidió también expropiar en favor de Chaco el total de las acciones de PAE en el consorcio Caipipendi (25%) por un presunto incumplimiento en el plan de inversiones para el desarrollo de los campos Margarita y Huacaya, pero la medida no se llegó a efectuar.
El 25 de marzo, La Razón anunció, en base a información proporcionada por altas fuentes del Ejecutivo, que la expropiación no se llevaría a cabo, debido a que el Gobierno intenta llegar a un acuerdo con PAE para anular el proceso arbitral que la petrolera sostiene en contra de Bolivia.
Inversiones. “Las inversiones en Margarita y Huacaya son de exclusiva responsabilidad de Repsol, BG y PAE”. En la Fase II de desarrollo del bloque Caipipendi “se continuará trabajando con las empresas que acabo de señalar, en el marco de la total transparencia, honestidad y sinceridad”, aseguró el martes el presidente de YPFB, Carlos Villegas.
La segunda fase requerirá de una inversión de aproximadamente $us 810 millones y tiene el objetivo de alcanzar una producción de 14 millones de metros cúbicos día (MMmcd) de gas a fines de 2013 y llegar a 15 MMmcd en 2014. “La responsabilidad de esta inversión recae en estas tres empresas. Si alguna de ellas no realiza la inversión que le corresponde, el incumplimiento del contrato recae en las tres empresas”, advirtió Villegas.
