El cambio es un término que supone la comparación de un antes y un después, por lo que elevado a rango conceptual, supone necesariamente la medición de resultados. Valorar estos resultados resulta sin embargo muy complejo, puesto que a menudo existen desacuerdos en cuanto a los parámetros que se deben utilizar para medirlos. En vista de este problema, recurrentemente la valoración del cambio va dependiendo de la subjetividad de los evaluadores, los cuales son determinados además por la posición que ocupan social, política o económicamente.
Por eso, el cambio puede llegar a ser sobredimensionado por quienes políticamente se encuentran encargados de su gestión, principalmente los agentes del Estado. Diferente en cambio es la evaluación de quienes son afectados por el proceso: los agentes económicos o el pueblo. Entre éstos, incluso el cambio podría llegar a perder precisión puesto que podría ser evaluado a partir de diferentes aspectos no coincidentes con la visión unitaria que posiblemente tendrían los gestores del proceso, alojados en el Gobierno.
Es esa distinta valoración del cambio que predomina en el país actualmente. Porque a partir de la nueva composición social del Estado, sus agentes se empeñan en convencer al pueblo de un proceso irreversible en curso, a partir de una serie de acciones que, sin embargo, no tienen mucho de diferente respecto de sus antecesores, ni parecen convencer a la totalidad de los sectores sociales. Por esto, la defensa del cambio opera también a nivel discursivo, a partir de entelequias producidas desde el Estado, tales como la descolonización, el vivir bien, la economía plural, etc. Esta propagación discursiva se hace por tanto muy clara, a diferencia de otros aspectos que podrían precisar el cambio, por lo que se podría decir que es el discurso producido desde el Estado el que claramente ha cambiado; sin embargo, al no suponer todavía su realización, este discurso yace entrampado entre pretensiones pragmáticas y pretensiones idealistas.
Pero lo que no ha cambiado es aquella vieja relación de representación producida entre la sociedad y el Estado, que en los procesos electorales solía transformarse rápidamente en una relación conflictiva e incluso antagónica. Por esto, diferentes sectores de la sociedad siguen activándose actualmente sobre los mismos asuntos de la vida cotidiana. No existe por tanto un cambio a este nivel, pues los bloqueos, marchas, huelgas, plantones, cuya esencia consiste en develar la falta de atención del Gobierno y lograr satisfacer demandas por medio de la presión, siguen constituyendo el pan nuestro de cada día, muy a pesar de que para algunos esos mecanismos de presión se encuentran desgastados; las kilométricas marchas que buscan generar sensibilidades y solidaridades podrían entenderse incluso como la renovación de esas prácticas.
Sumado a ello, si antes el empresariado privado constituía el factor fundamental del corporativismo estatal que de alguna manera terminaba beneficiando a las clases medias y altas, actualmente se encuentra relevado por ciertos sectores que inaugurando un corporativismo popular dejan de lado a gran parte de la sociedad. Por esto los agentes económicos se consideran afectados negativamente por el cambio, pese a que el carácter supuestamente posneoliberal de éste no ha hecho que el protagonismo de los empresarios sea menos importante.
En conclusión, debido a que el cambio resulta seriamente impreciso, el país parece seguir estancado en un estado de inflexión que inició hace diez años, principalmente porque, como antaño, la relación antagónica entre sociedad y Estado sigue definiendo nuestra razón de país.
