El comité de bloqueo y la Coordinadora Departamental del Cambio (Codelcam) de San Ignacio de Moxos (Beni) determinaron ingresar en paro indefinido desde hoy para evitar el paso de la IX marcha indígena. Anoche, mototaxistas alambraron la tranca con ese fin.
Los indígenas que marchan en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) reanudaron ayer la caminata a las 06.00, pero una reunión de delegados decidió por la tarde que no entrarán a la capital ignaciana hasta que observadores lleguen al lugar, pues temen represalias, dijo Bertha Bejarano, presidenta del comité de marcha.
Bejarano precisó que hoy arribarán a San José de Algodonal, a unos 4 km de San Ignacio, en donde harán una pausa para esperar a enviados de entidades como el Defensor del Pueblo, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, la Conferencia Episcopal y Derechos Humanos. La idea es ingresar mañana a la ciudad, en presencia de los veedores.
Si embargo, Wálter Colque, representante del comité de bloqueo y dirigente de la Central Obrera Regional (COR), desconocido por la Central Obrera Boliviana (COB), informó que “mototaxistas, maestros, gremiales y carpinteros vamos al paro cívico indefinido, la marcha no pasará”.
Este medio constató anoche que en la tranca a la salida hacia Trinidad, por donde deberían ingresar los marchistas, una veintena de mototaxistas colocó alambres con púas con esa finalidad. La presencia de periodistas les generó molestia.
La caminata de indígenas cumplió ayer el undécimo día. Entre los 300 marchistas está Isidora Noto, una mujer con seis meses de embarazo que está dispuesta a llegar a destino.
“Nite poire La Paz (voy a llegar a La Paz)”, dijo en idioma trinitario mojeño al sostener en brazos a Bianca, su otra hija. “Nos han dicho que no nos quieren en San Ignacio, nosotros marchamos pacíficamente y no molestaremos a nadie”, añadió.
Wilfredo Gutiérrez, líder del Codelcam, afirmó: “No buscamos ninguna confrontación, sólo queremos la carretera”. Hace una semana, San Ignacio bloqueó las carreteras por cinco días en apoyo a la consulta previa y a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Ayer, el mural de bienvenida a Moxos apareció con un grafiti en contra de los marchistas. El comandante departamental de la Policía, Édgar Téllez, estuvo ayer por unas horas en San Ignacio para reunirse con representantes de sectores sociales y garantizar el resguardo a la marcha.
“Hay personal para garantizar el paso, para el resguardo”, dijo el coronel Luis Murillo, del Comando Departamental. Al menos 50 uniformados, 30 de ellos de Trinidad, estarán atentos a los hechos, agregó.
El ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, afirmó ayer que los marchistas “tienen todas las garantías para que su derecho a marchar pueda ser ejercido libremente”.
Sectores sociales de San Ignacio decidieron en un mitin del sábado formar una cadena humana alrededor de la plaza principal. “Será para que ellos (caminantes) no entren aquí, porque si eso pasa sería una provocación”, indicó Mireya Rossell, del Comité de Defensa de los Intereses y Desarrollo de Moxos.
Los marchistas —que definieron una nueva plataforma de lucha (ver cuadro de la derecha)— acabaron extenuados su caminata de ayer.
La movilización partió a las 06.00 desde Bermeo y recorrió unos 20 km en siete horas, bajo un sol inclemente y una temperatura promedio de 30 grados a la sombra. Los indígenas llegaron a las orillas de un pequeño lago a unos 10 km de San Ignacio, donde se refrescaron.
Para hoy se tiene previsto que la marcha empiece a las 06.00.
8 pedidos de los indígenas
Anulación de la norma de consulta previa.
Solución a daños causados por petroleras en el Aguaragüe (Tarija).
Reversión de 15 millones de hectáreas dadas a privados.
Participación de los 36 pueblos en todo nivel de administración.
Más beneficios con los planes de desarrollo.
Demandan el deslinde jurisdiccional.
Reivindican los 16 pedidos de la VIII marcha.
Esclarecer la intervención en Chaparina.
Plazo para indagar represión vence en 2 días
A dos días de cumplirse seis meses de la única imputación en el marco de las investigaciones de los hechos del 24 y 25 de septiembre de 2011 en Yucumo, Derechos Humanos y el Movimiento Sin Miedo (MSM) temen que todo quede en la impunidad, mientras el Ministerio Público anuncia “novedades” en esta semana.
La presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos (APDHB), Yolanda Herrera, dijo que se evitará que el abuso ejercido contra indígenas de la VIII marcha, en Chaparina, quede impune. “No vamos a permitir que se archive ni que quede sobreseído el hecho que ha conmocionado a todo el pueblo boliviano”, señaló.
La represión policial a los marchistas del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) se dio el 25 de septiembre de 2011, un día después de que un grupo de ellos obligara al canciller David Choquehuanca a caminar junto a la marcha, para romper un cordón policial en Chaparina.
A raíz de estos hechos se presentó una denuncia por la presunta toma como rehén al Canciller, y por parte del MSM se abrieron dos casos, uno por la vulneración de derechos de los indígenas y otro por supuestas irregularidades en el contrato con OAS, empresa que iba a construir la vía San Ignacio de Moxos-Villa Tunari.
Edwin Herrera, secretario político del MSM, dijo que preocupa que a la fecha la única imputación sea la que derivó en la detención domiciliaria del exsubcomandante de la Policía, Óscar Muñoz (9/11/11). “Nos hace sospechar que podríamos estar en una estrategia de impunidad en el caso”.
Empero, la fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, afirmó que “en esta semana los fiscales darán a conocer lo que corresponde en ley; puedo asegurar que habrá novedades”.
