Según los antecedentes del caso, en principio sólo se tenía en calidad de investigados al coronel José Antonio Piérola, quien fungía como rector de la Unipol; y al coronel Marco Antonio Ortuño, ahora exdirector de la Academia Nacional de Policías (Anapol), debido al escándalo de las presuntas irregularidades denunciadas en la admisión de los 54 alumnos.
A esas autoridades académicas del centro de formación policial se sumaron otras 14 personas, entre uniformados y civiles, y ahora se decidió incluir en las pesquisas a otros cuatro miembros de la institución verde olivo.
Ortiz. “Estamos hablando de ampliar la investigación a funcionarios policiales, son cuatro más, y en función a ello vamos a continuar”, señaló el fiscal Aldo Ortiz. El director funcional de la investigación no dio detalle de la identidad ni los grados de esos uniformados, empero, manifestó que “ya van a ser citados algunos a prestar sus declaraciones”. Fuentes ligadas al caso indicaron a La Razón que los nuevos convocados tendrían que responder por incurrir en obstrucción a la justicia y que también se recibirán otras declaraciones ampliatorias en el curso de esta semana.
Todos deben dar su versión respecto a las supuestas irregularidades en el ingreso de los ahora 54 excadetes interculturales, hecho que fue denunciado por el Ministerio de Transparencia porque se halló indicios de que jefes policiales avalaron una resolución irregular para que los bachilleres ingresen a la Unipol. Incluso se denunció cobros de $us 5.000 por alumno para incluirlos en el “Programa piloto de incorporación de jóvenes bachilleres interculturales”.
Junto a los coroneles Piérola y Ortuño, quienes fueron imputados por incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la ley y la Constitución, y uso indebido de influencias, figura el mismo comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, como investigado. A la fecha, son cuatro veces consecutivas que suspenden la declaración de esa autoridad.
Las diligencias investigativas incluyen, además, a algunos de los miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) de la Unipol y a tres abogadas, mientras que en la vía testifical se cita a un senador suplente del Movimiento Al Socialismo (MAS), al vocal del Tribunal Departamental de Justicia Jorge Quino; al ministro de Trabajo, Daniel Santalla; y al viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, César Navarro, quien ya asistió a declarar.
También se cita a un general de la Policía que estuvo presente en el proceso de ingreso de los postulantes a la Unipol, el cual es cuestionado por el Ministerio Público, que afirma que el proyecto para el ingreso de los bachilleres interculturales nunca existió.
Ortiz ratificó esta postura ayer. El CAU, según dijo, no aprobó el citado proyecto, sino que sugirió un plan piloto. “Quien ha sacado la resolución es el coronel Piérola, pero entendamos bien que ese plan, que debe ser considerado como proyecto, no existía hasta el 14 de febrero”, aseveró.
Fecha. De esa manera reiteró que la Resolución 010/2012, que pide la incorporación de los ahora excadetes, data del 9 de febrero, es decir, cinco días antes de que se apruebe el ingreso.
Incluso el 14 de febrero, el proyecto hace referencia a la falta de las condiciones técnicas, jurídicas y administrativas para poder implementar tal proyecto, “por lo cual, para nosotros no existe”. Además, manifestó que para emitir cualquier resolución administrativa, un documento básico, debe existir un informe técnico y un informe jurídico, elementos de los que se duda en este caso.
Juez Chaca rechaza una recusación
El juez Rolando Chaca ratificó el rechazo a la recusación que uno de los acusados planteó en su contra y la comisión de fiscales que ve el caso Unipol, y confirmó para hoy la reapertura de la toma de declaraciones a testigos e investigados por el supuesto ingreso irregular de 54 cadetes indígenas a la Universidad Policial (Unipol).
Estos actos procedimentales se reanudan toda vez que el juez Chaca, 3º de Instrucción en lo Penal, confirmó ayer su resolución de rechazo a la recusación que el coronel Marco Ortuño, imputado en el caso, planteó en su contra y que significó la suspensión de las declaraciones del comandante de la Policía, general Jorge Santiesteban, en dos de las cuatro oportunidades que asistió ante autoridades del Ministerio Público.
Las diligencias se reanudan hoy con las declaraciones de las abogadas Carla Ortiz Burgos y Jhandira Urquidi Barrientos, la primera figura como asesora jurídica de la Unipol y la otra como tutora de cinco de los ahora excadetes.
Además, se espera en esta jornada a tres miembros del Consejo Académico Universitario (CAU) de la Unipol. “El señor ministro de Trabajo (Daniel Santalla) ha solicitado que (la declaración) sea en su despacho, se ha aceptado —entendiendo las recargadas labores que tiene— y en función a ello se ha procedido a las diligencias correspondientes”, dijo el fiscal Aldo Ortiz. Para el lunes se reprogramó las declaraciones de Santiesteban.
“Esperemos que no haya ninguna recusación, ya sea al juez o a la comisión para poder llevar las declaraciones”, indicó Ortiz.
