Cada año estallan en Bolivia miles de conflictos sociales. La diversidad de casos es tan fascinante como su cantidad. No obstante, tengo la impresión de que cada gobierno incuba una forma predominante de conflicto, que a la larga se convierte en su íntimo demonio. ¿Qué ocurre hoy en día? Uno de los principales motores del conflicto es la política extractivista y desarrollista del Gobierno. A pesar de que la Constitución santifica la idea del “vivir bien”, las actividades generadas por esa política han resultado ser las fuentes inherentes de los actuales conflictos sociales.
¿Evidencias? El conflicto del TIPNIS ha opuesto dos visiones contrapuestas sobre el desarrollo y el territorio; el “gasolinazo” intentó recortar el alto costo del subsidio a los combustibles; las peleas entre Tarija y Chuquisaca han girado en torno a la propiedad de las regalías del campo Margarita; el reciente conflicto de Mallku Quta cuestiona los impactos negativos de la actividad minera. Una porción importante de los actuales conflictos enfrenta al Estado con colectivos sociales afectados por esas actividades o por grupos interesados en controlar los beneficios en juego.
El patrón de “gobernabilidad” complica aún más las cosas. En el primer gobierno de Evo Morales los conflictos se produjeron por el antagonismo entre las elites conservadoras y el nuevo gobierno, pero las contundentes victorias electorales del MAS han transformado ese escenario de polarización. El MAS ha ocupado el centro del campo político, controla casi la totalidad de las instituciones estatales, pero además ha construido eficientes mecanismos políticos para controlar a las organizaciones sociales estratégicas.
Pero esa correlación de fuerzas es altamente paradójica: existe fuerza pero no liderazgo. Se trata de una suerte de “hegemonía limitada”, que se expresa dramáticamente en la ausencia de canales de consulta y participación social, en un estilo de gobierno verticalista y sectario y en los vaivenes de la gestión pública, entre otros rasgos.
En ese marco, imagino que no es fácil prevenir o solucionar los conflictos. Las respuestas del Gobierno han sido hasta ahora coyunturales y aisladas, se trata de encontrar una “salida” al conflicto del momento, ejerciendo presión sobre los grupos movilizados. Este enfoque reactivo no permite abordar el fondo de los problemas. La mayoría de los conflictos no se resuelve, se posterga. Sólo contados casos se solucionan de manera proactiva y desembocan en reformas institucionales, en acuerdos estables entre las partes.
El asunto no es tanto la ausencia de una estrategia de gestión y transformación de conflictos, sino la ausencia de un horizonte político que pueda eliminar las fuentes activas del conflicto: el modelo de desarrollo y el modo de gobernar.
