Luego de negar que el Gobierno haya introducido grabadoras en las oficinas de la asambleísta del MSM, la ministra Dávila dijo que cuando una autoridad asume un cargo público (como es el caso de la diputada), la privacidad de sus conversaciones al final se “queda en casa”, especialmente cuando habla de un tema de dominio público.
“Creo que cuando una persona asume un cargo público, la privacidad solamente se queda en la casa, fuera de la casa cualquier tipo de escenario es público y una autoridad tiene que saber eso, y sobre todo cuando no estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra familia; sino estamos hablando, como hace la diputada Revollo, acerca de temas que tienen que ver con el Estado, que tienen que ver con movilizaciones que en este momento se están llevando a cabo, cuando tienen que ver con intentos de soborno a dirigentes indígenas”, dijo Dávila.
Se debe recordar que esta grabación, en la que Revollo supuestamente habla con dirigentes indígenas de la IX marcha, fue presentada por el ministro de Gobierno, Carlos Romero, como prueba de que el MSM “financia” la movilización indígena.
En respuesta a la acusación del Gobierno, Revollo anunció el inicio de una querella penal ante la Fiscalía contra el ministro Romero, para que revele cómo obtuvo dicha grabación. El diputado del MSM Fabián Yaksic respondió a la ministra Dávila, afirmando que ella defiende prácticas “fascistas” al justificar el uso público de la grabación hecha a la asambleísta Marcela Revollo.
“Nos sorprende de gente como Carlos (Romero), a quien lo conocemos; de gente como Amanda Dávila, la ministra de Comunicación, (que) ha salido en defensa de este método yo diría como en las viejas prácticas fascistoides; utilizar grabaciones que definitivamente violan lo que establece la Constitución Política del Estado”, manifestó el diputado Yaksic.
El diputado se refirió al artículo 151 de la Carta Magna, que en su parte pertinente dice que “el domicilio, la residencia o la habitación de las asambleístas y los asambleístas serán inviolables, y no podrán ser allanados en ninguna circunstancia…”.
A su turno, la diputada Marcela Revollo dijo que las declaraciones de la ministra pueden considerarse como “una apología del delito”.
Para una abogada penalista que no quiso revelar su nombre, la referida grabación y su difusión se ajusta al delito de “Violación de secretos en correspondencia no destinada a la publicidad” (Art. 301 del Código Penal).
Dice el texto: “El que grabare las palabras de otro, no destinadas al público, sin su consentimiento (…) siempre que el hecho pueda ocasionar algún perjuicio, será sancionado con privación de libertad de tres meses a un año”. La abogada añade que la difusión de este material agrava la pena hasta en dos años de cárcel.
Difusión de un anónimo
Riesgo
La abogada penalista (que pidió no revelar su nombre) añade que en caso de anónimos que son difundidos públicamente, “quien divulga (el anónimo) se presume que es el autor”, no pudiendo desligarse del hecho.
