Jindal Steel Bolivia (JSB) denunció que el Ministerio Público de La Paz inició “de oficio” y sin pruebas un proceso de investigación en contra del presidente de su directorio, Vikrant Gujral, por ser presunto responsable del delito de incumplimiento de contrato.
Según la empresa, luego de la solicitud de ejecución de la boleta (2 de mayo), representantes del Ministerio de Minería, mediante declaraciones públicas, ratificaron su voluntad de reiniciar las negociaciones para que el proyecto siderúrgico del Mutún continúe.
Sin embargo y “sorpresivamente, varios ejecutivos de JSB fueron notificados por el fiscal Aldo Ortiz de La Paz, para presentarse en esa ciudad y declarar en calidad de investigados, (…), por la supuesta comisión del delito de Incumplimiento de Contratos”, aseguró Jindal.
Investigación. Ortiz habría iniciado un proceso de investigación sobre el supuesto incumplimiento de una inversión de $us 600 millones, “sin tener ningún elemento material que demuestre la comisión de ese delito” y desconociendo que el 8 de marzo JSB había intimado notarialmente a la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) el cumplimiento de sus obligaciones contractuales.
“Lo que es peor, el fiscal se anima públicamente a emitir criterio en contra de nuestros ejecutivos en un prejuzgamiento que carece de imparcialidad”, señala Jindal.
