El ejercicio de los derechos, de nuestras libertades, no tiene por qué ser calificado de derechas o de izquierdas. Simplemente se trata de ejercerlos porque éstos son inherentes a la democracia. “El Estado garantiza a las bolivianas y bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión e información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa” (CPE: Art 106, II).
De este gran afluente se desprende la libertad de prensa, una vena que hace posible que la información relevante circule a través de nuestras sociedades y culturas. Si la sangre es buena, el organismo evoluciona y asume decisiones adecuadas; corre, se alimenta, aprende. Si la transparencia desaparece con las medias verdades del poder, la participación se degenera, los valores y los derechos se distorsionan. La gente sufre.
El valor de los periodistas reside precisamente a merced de este razonamiento, tan vinculado con las libertades a través de las cuales respira la democracia —pensamiento, expresión y reunión— pero que de vez en vez suele ser intoxicada por las tentaciones autoritarias del poder.
En Bolivia, un país donde aún no existe una universidad especializada en periodismo, hay varias organizaciones que cobijan a nuestros colegas, sean o no graduados. Quizá no representen a todos, pero hay un esfuerzo para servir al gremio, en un momento complejo en el que la oposición representada en el escenario legislativo ha perdido credibilidad y los contrapesos del poder constituido prácticamente no existen. Las opiniones de comunicadores y periodistas, agremiados o no, aparecen en este escenario y son creíbles en la medida de su coherencia/responsabilidad y no por ello son llamados a interpretar los papeles de un partido político que, como tal, busca hacerse del poder.
Con mucha recurrencia e insistencia, la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) ha sido criticada porque supuestamente no representa al gremio. Las críticas llegan de destacados colegas, a quienes respeto mucho por sus convicciones, pero que asumieron la decisión de no agremiarse. Soy afiliado a esta organización porque creo que es posible aportar a la consolidación de nuestras libertades, incluida la de acceso a la información, cuya reglamentación está ausente de los planes legislativos.
Adicionalmente, es necesario aclarar que la APLP no se opuso a la Ley contra el Racismo; planteó, eso sí, cambiar sus artículos 16 y 23 que afectan el ejercicio de nuestras libertades. Ahora se espera que se valide la Iniciativa Legislativa Ciudadana, otra prerrogativa constitucional que no ha sido atendida y que es clave para hacer realidad la pregonada democracia participativa.
