“Es inconstitucional”, sostuvo la presidenta de Diputados, Rebeca Delgado, al conocer la propuesta. Su par en el Senado, Gabriela Montaño, añadió que lo sugerido por la Cidob “es discriminador e iría en contra del centro de nuestra Constitución”.
La modificación del artículo 349 de la Constitución (que se refiere al dominio y administración de los recursos naturales por parte del Estado) es una idea “a trabajarse” en el transcurso de la IX marcha que la Cidob lidera contra la Ley 222 de Consulta.
El artículo 349 señala que los “recursos naturales son propiedad y dominio directo, indivisible e imprescriptible del pueblo boliviano y corresponderá al Estado su administración”. “La pretensión de cambiar la Constitución es además inaplicable”, añadió Delgado, que recordó que el tema ya fue tratado en la Constituyente, entre 2006 y 2007.
Similar criterio emitió el jefe de la bancada del MAS en Diputados, Roberto Rojas, quien dijo que no corresponde cambiar la CPE y que los recursos naturales son de los bolivianos. Su correligionario Lucio Marca indicó que la propuesta “atenta a la unidad” del país.
Yucumo. Autoridades y dirigentes de Yucumo, Beni, decidieron evitar el paso de la IX marcha indígena por las principales calles de esta localidad situada a más de 300 kilómetros de La Paz.
Un hecho similar al anunciado en Yucumo se produjo la semana pasada en San Ignacio de Moxos. La marcha tuvo que bordear la localidad beniana bajo insultos. “No estamos en contra de la protesta, pero vemos que esa marcha es política”, declaró a
La Razón el subalcalde de Yucumo, Rosendo Chura. Por su parte, la presidenta del comité de marcha de la Cidob, Bertha Bejarano, respondió que “nuestra marcha es pacífica y el Gobierno tiene que garantizar su paso”.
Después de 18 días de caminata, la IX marcha indígena que partió de Trinidad, Beni, rumbo a La Paz en defensa del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS), recibió muestras de apoyo. En San Borja, el presidente del Comité Cívico, Víctor Parra, anunció que la marcha será recibida con los “brazos abiertos”. En La Paz, el ministro de Gobierno, Carlos Romero, afirmó que se protegerá y garantizará la movilidad de la IX marcha.
Anuncian proceso contra Quintana y Pérez
La dirigencia de la IX marcha indígena decidió ayer llevar a un juicio penal al ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana, y al viceministro de Gobierno, Jorge Pérez, por los delitos de discriminación, racismo, instigación pública a delinquir, amenazas e incumplimiento de deberes, por los hechos de San Ignacio de Moxos, cuando los indígenas fueron obligados a no ingresar a la comunidad.
Acción. La decisión fue asumida en Totaizal, a donde llegó la marcha desde Santa Anta de Mozeruna para descansar. Los marchistas aprobaron un voto resolutivo para abrir procesos no sólo contra Quintana y Pérez, sino también contra el presidente de la Asamblea Departamental del Beni, Álex Ferrier; el alcalde de San Ignacio, Basilio Nolvani; el subgobernador de Moxos, Sixto Bejarano; y el presidente de la Central Obrera Regional de Moxos, Wálter Colque, por los mismos delitos.
Entre abucheos e insultos, la IX marcha pasó San Ignacio el 8 de mayo. Los dirigentes prohibieron su ingreso por el centro de la localidad sembrando alambres de púas. La Policía improvisó un cordón de seguridad para el paso de los marchistas por las afueras de San Ignacio. Pérez afirmó ese día ante la población, en la plaza principal, que la marcha no es por convicción sino que es pagada.
