El fiscal anticorrupción señaló que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) emitió un informe que señala la existencia de diferentes movimientos sospechosos respecto a cuentas bancarias que habría manejado Saúl Lara entre las gestiones 1997 y 2005.
El análisis de los documentos y una nueva declaración de la exautoridad de Gobierno permitieron establecer a la Fiscalía que fondos del Estado destinados a financiar a partidos políticos fueron a parar a cuentas de empresas ligadas a quienes estaban en el poder y de particulares, en referencia a Lara, quien habría manejado $us 700 mil.
Por ello, el jueves en la tarde, Suaznábar resolvió presentar una imputación formal contra él por los delitos de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito. Además, “se ha solicitado a la juez (Margot Pérez), que conoce la causa, medidas restrictivas de derechos” para el imputado.
Descargo. La situación jurídica de la exautoridad pasó ahora a manos del órgano jurisdiccional, que deberá señalar una audiencia cautelar. Lara, en contacto con La Razón, señaló que recibió con “indignación” la noticia de la resolución formulada por Suaznábar. “Es una imputación absolutamente ilegal, atentatoria contra mis intereses y que no tiene ninguna objetividad”, dijo. Además, anticipó que el lunes se constituirá en la sede de gobierno (hasta ayer estaba en Cochabamba) para demostrar que esa imputación “carece de fundamento jurídico”.
Alegó que el fiscal recibió todos los descargos que presentó ante la entonces Contraloría General de la República por los diez meses que fue ministro de gobierno de Carlos Mesa, entre agosto de 2004 y junio de 2005. El Ministerio Público confirmó que se presentó algunos documentos que fueron valorados, pero existirían otros montos que no ha sabido justificar cómo y en qué sentido se encontraban en sus cuentas.
Se afirmó que $us 700 mil fueron a parar a la cuenta de Lara, siendo fondos de un partido político y desembolsados por la ex Corte Nacional Electoral al Movimiento Bolivia Libre (MBL). También se hace referencia a préstamos ($us 100 mil) realizados a nombre del MBL y que llegaron a la empresa minera Comsur, del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada.
Lara indicó que manejó esos fondos entre 1997 y 2001, pero en operaciones entre particulares, profesionales y algunas políticas, ya que fue secretario de Finanzas y jefe campaña del MBL en diciembre de 1999, cuando no ocupaba ninguna función pública.
“Cómo puede uno enriquecerse ilícitamente cuando he sido viceministro entre 2003 y 2005, como he podido lavar dinero años antes, entre 1997 y 2001”, cuestionó Lara. Para el fiscal, en pocas palabras, se trata de lavado de dinero.
Existen otros investigados
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Las investigaciones del caso Gastos Reservados I abarcan los manejos de esos fondos entre 1997 y 2005. Anteriormente fueron imputados los exministros de Hacienda Javier Comboni y Rubén Ferrufino.
