Quizás se entienda que es su responsabilidad política y legal evitar conflictos sociales e intervenciones policiales violentas como ocurrían en el pasado. Sin embargo, el del ministro de Gobierno, Carlos Romero, es un caso especial, una pieza clave. Al menos en la última semana, la autoridad fue el protagonista central de las negociaciones con los sectores en conflicto. Así, consiguió sendos acuerdos con los médicos y trabajadores de salud, y contribuyó también en la resolución de la crisis con la Central Obrera Boliviana (COB).
Romero, un intelectual surgido de una organización no gubernamental vinculada al movimiento indígena, es la pieza clave del gobierno de Evo Morales, por su capacidad de lectura de la realidad, su habilidad para diálogo y su paciencia para la concertación, tan necesarias en situaciones como las que vive el país.
Por eso se diferencia de sus antecesores, especialmente Carlos Sánchez Berzaín en el periodo de Gonzalo Sánchez de Lozada. Antes de esta administración, los ministros de Gobierno se caracterizaban por su condición de “hombre fuerte” del Presidente de la República, capaz de ordenar una represión policial con saldos lamentables, en desmedro de espacios de diálogo. Eso, con Romero ha cambiado.
Si es que todavía no ha intervenido en el diálogo, que ni empezó, con la Central de Pueblos Indígenas de Bolivia (Cidob), es que en el movimiento tiene anticuerpos, como señalaron ciertos dirigentes y activistas del sector. Aun así, puede apuntarse para buscar un acuerdo con quienes propician la llamada XI marcha indígena, que esta vez busca la anulación de la Ley 222, que dictó la consulta previa sobre la intangibilidad del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) y la necesidad de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos.
Aunque las intervenciones policiales ante los manifestantes todavía son violentas, será desafío de Romero hacer olvidar el pasado.
El editor
