La Policía presentó ayer al asesino confeso de Eugenio Aduviri, colega y periodista de La Razón, cuya muerte hace una semana conmocionó al gremio periodístico, ya afectado por otros dos asesinatos de comunicadores en similares circunstancias. El hallazgo policial no repara en lo más mínimo el daño causado, pero sí permite aspirar a que se haga justicia.
En efecto, mostrando gran eficacia y prontitud, la Policía detuvo al asesino confeso del periodista Aduviri y lo puso a disposición de la autoridad competente para su procesamiento penal, acción que este diario agradece especialmente a la institución del orden. Por delante queda un largo proceso judicial para demostrar la culpabilidad del autoincriminado asesino y entonces obtener una sentencia que haga justicia.
El problema es que, paralelamente a la vía constitucional, tal vez porque está a cargo de dos de las instituciones menos confiables para la población, la Policía y el aparato judicial, grupos movilizados aprovechan estos casos conmocionantes para, en medio del dolor de familia y allegados, lanzar arengas demandando la introducción de la pena de muerte como sanción penal. Poco importa la viabilidad de tal demanda, y mucho menos la efectividad de castigar con muerte a quien la causare, pues ni repara el daño ni hace justicia, y cualquier error de los juzgadores puede desembocar en la ejecución de un inocente, como a menudo se demuestra en los países que aún admiten esta extrema sanción.
Algunos medios de comunicación, por su parte, ofrecen un marco apropiado para la difusión de esos mensajes al prestar cámaras y micrófonos a los exaltados, y hacer un uso morboso de las imágenes de dolor, incluyendo el revelar la identidad de una menor de edad, además de la publicación de hipótesis sobre el crimen que demuestran, cuando menos, una absoluta falta de respeto por la memoria del colega y su derecho a la honra.
Esta vez el extremo más doloroso de la inseguridad ciudadana le tocó a un periodista, y por eso obtuvo el destaque y atención de los medios de comunicación, convirtiéndose en caso paradigmático de los riesgos que acechan a la población en las calles, lo que significa que cualquiera puede ser víctima, pero sin merecer cobertura y titulares, lo que implica también menos posibilidad de presión sobre las autoridades llamadas a esclarecer el crimen.
El caso de Eugenio Aduviri es un nuevo recordatorio de que hay problemas estructurales en la sociedad, no sólo por la manifiesta incapacidad de frenar las manifestaciones más violentas de la inseguridad ciudadana, sino sobre todo porque hay condiciones para la existencia de estas personas violentas. Conviene hacer seguimiento y escrutinio púbico al desarrollo de este caso, pues su desenlace será muestra de la capacidad del Estado para proveer justicia y, por tanto, seguridad.
