En la promulgación participaron la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño; la ministra de Lucha contra la Corrupción, Nardi Suxo, y representantes de organizaciones sociales. “Esperamos que sea un gran aporte de la Asamblea y que esto permita una mayor participación de las mujeres”, señaló el Mandatario.
Agregó que esta ley es importante “para hacer respetar a las compañeras electas en las distintas instancias del Estado, ya que ahora tienen el mejor espacio para demostrar su trabajo, porque su designación en cargos públicos ya no es un problema”. La violencia política llegó a extremos de segar la vida de una concejala, hecho que sucedió el 13 de marzo, cuando fue hallado sin vida el cuerpo de Juana Quispe Apaza, concejala de Ancoraimes, provincia Omasuyos, de 43 años de edad.
En esa ocasión sus restos fueron encontrados cerca del río Orkojahuira de la ciudad de La Paz, con signos de haber sido estrangulada. Elegida por la agrupación ciudadana FSUTCLP-TK, interpuso dos recursos de amparo contra todos los concejales y contra el Alcalde de esa población, pues no se le permitía participar en las sesiones.
Presentó el primer amparo el 5 de agosto de 2010 en contra de los concejales, denunciando abusos físicos y verbales, además de que no se le permitía el ingreso a las reuniones del órgano deliberante. El segundo, el 14 de octubre de ese año, fue contra el Alcalde porque no daba lugar a que habilite a su suplente.
En el acto de promulgación de la nueva ley, la presidenta de la Cámara de Senadores, Gabriela Montaño, destacó que este proyecto esperó más de diez años y que fue aprobado por los asambleístas por unanimidad.
“Esta es una demanda legítima de las mujeres, que a iniciativa de la Asociación de Concejalas de Bolivia lucharon más de una década para garantizar sus derechos políticos, para solucionar definitivamente los cientos de casos impunes de acoso a mujeres”, aseveró la titular de la Cámara Alta.
También explicó que este instrumento legal establece sanciones con la introducción en el Código Penal de dos nuevas figuras: el acoso político y la violencia política hacia las mujeres, con penas de dos a cinco años, en un caso, y de tres a ocho años, en el otro.
Esta ley permite a las mujeres que cumplen funciones como autoridades designadas, realizar procesos por acoso y violencia política en el ámbito de la administración pública, pero también acudir a la justicia ordinaria en busca de auxilio.
Modesta Benito, secretaria general de la Asociación de Concejalas de Bolivia (Acobol), agradeció la voluntad de los diputados y senadores de aprobar esta norma por unanimidad.
Montaño contó que hay casos en que mujeres concejalas fueron encerradas en un cuarto y amenazadas con dinamitazos en la puerta, para obligarlas a presentar su renuncia o a desistir de denuncias de corrupción.
“El empoderamiento político de las parlamentarias nacionales posibilitó que en esta gestión no existan denuncias de este tipo en la Asamblea, porque las mismas tienen acceso a los medios de comunicación”, destacó la presidenta de la Asamblea. El mandatario Morales, por su parte, lamentó que no se socialicen las normas aprobadas. “Emitimos decretos supremos no solamente por los derechos de las mujeres, sino todos los derechos, y no se informa, no se socializa”.
Sanciones en cada institución
Alcances
La norma, que contiene 26 artículos, establece también que los delitos como agresiones físicas y psicológicas podrán ser sancionados por la vía administrativa o disciplinaria en las instituciones públicas, bajo tres tipos de faltas: leves, graves y gravísimas.
