La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) solicitó hoy a la próxima Asamblea General de la OEA que rechace una serie de recomendaciones que, a su juicio, pueden debilitar la libertad de expresión y los derechos humanos.
La SIP advierte a las naciones que integran la Organización de Estados Americanos (OEA) que la defensa de los derechos humanos está en peligro por «un paquete de recomendaciones que buscan neutralizar la labor de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión».
La OEA celebrará su 42 Asamblea General del 3 al 5 de junio en Cochabamba, Bolivia, donde se decidirá sobre una serie de propuestas de reformas al Sistema Interamericano de Derechos Humanos formuladas en enero por un grupo de trabajo intergubernamental.
También se podría aprobar una propuesta del secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, para reformar el estatuto de la CIDH y otorgarle a la Asamblea General poderes para redefinir las funciones de la Comisión y sus relatorías en materia de tramitación de casos, agregó la SIP, con sede en Miami.
La propuesta es dar poderes también a la Asamblea General para»elaborar informes e, incluso, permitir que los estados definan los términos de cómo son monitoreados por sus violaciones a los derechos humanos».
«Estamos preocupados por cualquier esfuerzo sobre propuestas de reforma que busquen restringir la independencia y eficiencia de la Comisión y su Relatoría», afirmó el presidente de la SIP, Milton Coleman, editor del periódico estadounidense The Washington Post.
Coleman añadió que estas instituciones vienen jugando un papel crítico para mantener y expandir el derecho del público a la información, la libertad de prensa y de expresión.
Expresó asimismo su esperanza en que «los estados miembros de la OEA sabrán valorar que la libertad de expresión y de prensa son principios fundamentales que sirven al bien común y a la democracia», como se establece en Carta Democrática Interamericana y en el Pacto de San José de Costa Rica.
En Cochabamba también se debatirán otras recomendaciones del grupo de trabajo de la OEA, entre ellas, las que establecen que la Relatoría no podrá buscar fondos por fuera de los Gobiernos americanos, que su informe anual no podrá referirse a cada país sino que deberá ser general y que deberá regirse por un código de conducta fiscalizado por los Gobiernos.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Gustavo Mohme, lamentó que se haya politizado el tema de los derechos humanos.
«Resulta imprescindible -dijo Mohme- un mejor clima para que se analicen recomendaciones que puedan hacer más eficiente al Sistema Interamericano, de manera que no sean utilizadas para limitar la necesaria vigilancia, denuncia y remedios para proteger los derechos humanos y la libertad de expresión de los ciudadanos».
En ese sentido, agregó Mohme, director del diario peruano La República, «restarle autonomía y funcionalidad a la CIDH y su Relatoría es quitarle la esperanza a los ciudadanos de que podrán contar con la institucionalidad necesaria para defender sus derechos y sentirse protegidos».
Varios gobiernos latinoamericanos, especialmente los de Venezuela y Ecuador, han criticado duramente a la CIDH por sus denuncias sobre la situación de los derechos humanos en sus países. El Gobierno venezolano, que no permite visitas de la CIDH al país, incluso ha manifestado su intención de abandonar el organismo.
