En el mismo día en que el presidente Hugo Chávez y su adversario en las presidenciales de octubre, Enrique Caprile, se anotaron como candidatos ante la autoridad electoral, el Gobierno prohibió la compraventa de armas de fuego a los particulares. El país tiene una de las tasas de homicidios más altas del continente. Nueve de cada 10 personas, entre las 14 mil que fueron asesinadas en Venezuela tan sólo en 2010, murieron, al menos, por una bala.
Es por eso que el Gobierno venezolano ha decidido ilegalizar la comercialización e importación de todo tipo de armas de fuego y municiones a partir de ayer 1 de junio y durante un año. La medida forma parte de un plan general para reducir la tasa nacional de homicidios que, de acuerdo con cifras oficiales, es de 48 entre cada 100 mil habitantes, y que, en el último quinquenio, está entre las más altas de América Latina.
“Ya nadie va a poder tener armas nuevas. La venta de armas sólo se hará para los cuerpos de Policía y para nuestras Fuerzas Armadas. La tendencia es hacia [sic] desarmar a la población civil”, ha explicado ayer el ministro de Interior y Justicia, Tarek El Aissami, a través de un comunicado.
También deberán cerrar sus puertas las 80 tiendas de armas que aún funcionan en el país. En 1998 existían más de 3.000.
