El presidente Evo Morales inaugurará hoy, en el municipio cochabambino de Tiquipaya, la 42 Asamblea de la Organización de Estados Americanos (OEA), que este año se ha propuesto debatir sobre las fórmulas para erradicar el hambre en toda la región.
El proyecto de la Declaración de Cochabamba, que abordará la temática de la Seguridad Alimentaria con Soberanía en las Américas, recuerda que en el planeta existen 925 millones de personas que “padecen de subnutrición o hambre crónica”, de las cuales aproximadamente 53 millones se encuentran en América Latina y el Caribe, el 9% de su población.
Adicionalmente, entre 2010 y 2011, el precio de los alimentos en el mundo y en América Latina tuvo un ascenso del 130%, mayor al que hubo entre 2000-2005, mientras que la volatilidad de los nutrientes fue la mayor registrada en los últimos 30 años, según el más reciente informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).
El documento, que será debatido por los cancilleres de la región, también reconoce las diferencias. En Haití, Guatemala y Guyana los niños desnutridos oscilan entre el 10 y 20% de la población. Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica poseen tasas de entre 1 y 2%. En contraste, el fenómeno de la malnutrición, vinculada con el sobrepeso, es una tendencia en naciones pobres como Bolivia.
Frente a esta realidad, la OEA debatirá estímulos sobre políticas agrícolas, volatilidad de los precios de los víveres y ayuda a los pequeños productores, que producen el 60% de los alimentos básicos de América, un territorio donde existe la mayor disposición de tierra fértil y agua dulce en el planeta. El secretario de la OEA, José Miguel Insulza, valoró ayer en Cochabamba esta temática propuesta por Bolivia, que ha hecho énfasis en la necesidad de recuperar productos agropecuarios originarios, aunque tampoco ha colisionado con el enfoque de desarrollo industrial del agro vigente en el país.
Por eso, los cancilleres y delegados también discutirán el concepto de soberanía alimentaria, entendido como “derecho de los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias sustentables de producción, distribución y consumo de alimentos que garantizan el derecho a la alimentación para toda la población”, según establece el proyecto de Declaración de Cochabamba, que aún no ha logrado pleno acuerdo.
El documento también demanda llevar los acuerdos que se logren en Tiquipaya a la Conferencia ambiental de la ONU Río+20 que se realizará a fines de este mes, precisamente en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, donde se debatirán políticas para enfrentar las consecuencias del calentamiento global, un fenómeno atribuido por el Gobierno boliviano al “modelo de desarrollo de la sociedad occidental”.
El caso del TIPNIS llega al encuentro
El conflicto al interior del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) fue conocido ayer por el secretario general de la OEA, Miguel Insulza, quien escuchó los argumentos de los personeros de Gobierno y de representantes del Consejo Indígena del Sur (Conisur) a favor de la construcción de una carretera que cruce por ese parque. Hoy será el turno de los dirigentes de la IX marcha indígena, quienes se oponen al trazo de la obra.
Insulza sostuvo una primera reunión con los ministros de la Presidencia y Gobierno, Juan Ramón Quintana y Carlos Romero, quienes explicaron además las medidas gubernamentales adoptadas a favor de los pueblos indígenas de la zona y la necesidad de realizar un proceso de consulta.
Quintana presentó documentación sobre presuntas irregularidades en el manejo del área protegida, cometidas por dirigentes del TIPNIS y madereros, pruebas sobre la explotación de lagartos y “otras actividades fuera del control de los dirigentes”, afirmó.
La dirigencia del Conisur, según Gumercindo Pradel, cacique mayor, pidió el respeto a la Ley de Consulta y el derecho a una mejor situación de vida con la construcción de la carretera. “Nosotros vivimos en la miseria, la IX marcha no es del TIPNIS le hemos dicho y él (Insulza)”, declaró a la prensa.
