Una investigación publicada ayer por Informe La Razón reveló que la venta ilegal de estos alimentos involucra a intermediarios, minoristas y mayoristas, quienes incluso cuentan con centros de acopio en las inmediaciones de la distribuidora de PIL Andina, en la calle Coroico de la ciudad de La Paz.
La autoridad señaló que en la citada auditoría también estará contemplado el tema de los precios de estos productos, ya que la anterior semana llegó una denuncia sobre la supuesta sobrevaloración de algunos artículos de estos beneficios. Esta medida incluso repercutirá en la fiscalización de las proveedoras y las distribuidoras.
“Vamos a tener una auditoría, con absoluta seguridad de que nos va a arrojar algún resultado (…) Estamos preparando una auditoría para ingresar al Inases sobre el tema del subsidio. Quien esté involucrado va a recibir una sanción muy dura y drástica”, anunció Calvimontes.
Adelantó que se trabaja en un nuevo Reglamento de Decomiso que es socializado y será aprobado a través de una resolución administrativa para endurecer el control sobre esta comercialización, y no descartó “medidas coercitivas” contra los involucrados en este asunto.
Informe La Razón reveló ayer que el Inases y las intendencias municipales trabajan un documento de sanciones contra este delito. Incluso, se plantea el encarcelamiento de los infractores y el allanamiento de los depósitos donde se acopian los alimentos de estos subsidios. “Lo que nos interesa es eliminar esta venta (de productos), porque es una preocupación que está generando un problema social”, subrayó Calvimontes.
Para distribuir
Regiones
La estatal Lacteosbol es la encargada de distribuir el subsidio en los departamentos de Oruro, Potosí, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija. En tanto que en La Paz, Santa Cruz, Beni y Pando seguirá a cargo de la empresa PIL. El subsidio de alimentos es por Bs 1.000.
