El caso 24 de Mayo, una acusación de 2008 por racismo contra campesinos, se complica y está a un paso de volver a foja cero. El juez ciudadano Arturo Guerra no asistió ayer a las audiencias tras su renuncia al cargo. La Fiscalía advierte con procesarlo penalmente, mientras un grupo de indígenas se declaró en huelga de hambre.
El presidente del Tribunal de Sentencia, Esteban Monzón, esperó ayer 15 minutos la presencia de Guerra. Luego suspendió la audiencia hasta el 20 de junio para que se retomen las audiencias y esperar un justificativo del porqué de la ausencia de su colega.
“En caso de que el juez ciudadano no se haga presente, vamos a remitir los antecedentes al Ministerio Público por el delito de desobediencia a la autoridad y remitir el cuaderno procesal al juzgado llamado por ley”, sostuvo Monzón.
El fiscal Gustavo Carreón dijo desconocer los motivos de la inasistencia de Guerra porque el Tribunal no aceptó su renuncia. Señaló que en caso de que no asista a la audiencia del 20 de junio, la Fiscalía abriría un proceso.
El exalcalde de Mojocoya Ángel Vallejos, una de las 60 víctimas, anunció el inicio de una huelga de hambre junto a unos 15 campesinos, para exigir justicia y que se retomen las audiencias del juicio. Acusó a los jueces de traidores y de incumplir la ley para beneficiarse de cargos públicos, como Guerra, un empleado edil.
