Los congresistas hicieron la solicitud durante una audiencia en una subcomisión sobre derechos humanos de la Cámara de Representantes, que escuchó los testimonios de la esposa e hija del empresario Jacob Ostreicher, quien fue detenido dentro de una investigación sobre tráfico de drogas.
“No hay evidencia de que cometiera algún crimen y su continua detención es una violación a sus derechos humanos”, afirmó el jefe de la subcomisión, el legislador republicano Chris Smith, quien denunció una serie de presuntas irregularidades en el proceso de Ostreicher, de 53 años.
Los legisladores acusaron al Departamento de Estado de no hacer lo suficiente por Ostreicher, detenido en junio de 2011 tras una investigación contra un exempleado de la empresa de cultivo de arroz que el detenido tenía en Bolivia.
El empresario fue acusado preliminarmente de lavado de dinero, pero hasta la fecha no ha recibido formalmente los cargos, mientras su familia asegura que ha demostrado que sus inversiones eran legítimas. “Estoy muy decepcionada y frustrada”, dijo la esposa de Ostreicher, Miriam Ungar. “Hasta la fecha, nuestro gobierno no ha protegido a su ciudadano”, dijo.
Un portavoz del Departamento de Estado aseguró a la AFP que ha tratado el caso “repetidamente” con altos funcionarios bolivianos, e inclusive fue elevado en reuniones bilaterales por la subsecretaria de Estado para América Latina, Roberta Jacobson, al margen de la recién finalizada Asamblea General de la OEA.
“Instamos al Gobierno boliviano a hacer todos los esfuerzos por asegurar un juicio justo y transparente”, expresó William Ostick, portavoz para América Latina de EEUU. Ostreicher, recluido en la cárcel de Palmasola, en Santa Cruz, se encuentra en huelga de hambre y en precario estado de salud, indicó su familia.
La familia denuncia ‘secuestro de Estado’
Defensores y familiares del empresario estadounidense Jacob Ostreicher, preso en Bolivia sin cargos desde hace un año, acusaron ayer al gobierno del presidente Evo Morales de “secuestro de Estado” y condenaron la pasividad de Washington ante el caso.
La mujer y una de los cinco hijos de Ostreicher, que inició en abril una huelga de hambre para protestar por su encarcelamiento en Palmasola, denunciaron su situación ante el subcomité de derechos humanos del Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara Baja de EEUU. “Esto es un caso de secuestro de Estado para lograr una recompensa”, dijo Steve Moore, exagente especial de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) que trabaja para ayudar a resolver casos de estadounidenses “injustamente detenidos” en el extranjero.
