Videla, de 86 años, quien está detenido y purga dos condenas a cadena perpetua por violaciones a los derechos humanos, sostuvo por primera vez que en la dictadura fueron asesinados entre 7.000 y 8.000 opositores y añadió que los jefes de zona castrenses eran los que manejaban las listas de personas a desaparecer.
Unas 30 mil personas fueron desaparecidas en el régimen dictatorial, según las organizaciones de derechos humanos, que desde hace años reclaman que los militares enjuiciados den a conocer dónde están los cadáveres.
El polémico testimonio de Videla, base del libro Disposición final, del periodista Ceferino Reato, motivó que varios tribunales a cargo de juicios por delitos de lesa humanidad realizaran allanamientos en domicilios de exjefes castrenses, donde hallaron documentos que están investigando. Uno de los domicilios allanados fue el del exgeneral Luciano Benjamín Menéndez en la ciudad de Córdoba, quien acumula siete condenas a cadena perpetua, y donde la Policía retiró unas 30 cajas con documentos.
Los dichos de Videla, detenido en una cárcel común y cuyo domicilio en Buenos Aires también fue allanado en abril pasado, generaron una de las escasas desavenencias públicas en tres décadas entre los responsables de las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
El exdictador aseguró que otro exjerarca militar, Santiago Omar Riveros, sabe dónde está el cuerpo del jefe de la disuelta organización guerrillera Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP, guevarista), Mario Roberto Santucho, asesinado por un comando en 1976.
«Lo que hizo fue de cobarde. Pobrecito está mal asesorado. Me cabeceó (tiró) el muerto», se ofuscó Riveros al criticar a Videla, cuyas declaraciones levantaron sospechas de organismos humanitarios y de analistas políticos.
Actualmente se celebran 14 juicios orales por delitos de lesa humanidad en 12 ciudades de Argentina, mientras que desde 1983 fueron condenadas más de 200 personas, la mayoría a partir de 2010, según datos oficiales. Desde el histórico juicio a las juntas militares de 1985, los militares respondían a los jueces que no saben nada de los desaparecidos.
