Concedido el asilo, la otorgación del salvoconducto debe ser automática, dijo el excanciller Armando Loaiza. Hasta ayer, la Cancillería boliviana no había recibido un informe oficial sobre la decisión brasileña de asilar al senador Róger Pinto.
Pinto requiere del salvoconducto para abandonar el país. El diplomático recordó que éste es un documento que otorga el Estado boliviano a través de la Cancillería, porque “los acuerdos de asilo diplomático son firmados entre Estados”.
Hasta la tarde de ayer ese despacho sostuvo que no se recibió comunicado oficial de Brasil sobre la decisión del gobierno de Dilma Rousseff de dar asilo a Pinto.
Antecedente. El senador de Convergencia Nacional se encuentra en la embajada brasileña en La Paz desde el 28 de mayo. Pinto se declaró víctima de una persecución política del gobierno de Evo Morales —tiene 20 procesos judiciales abiertos en su contra— y alertó que temía por su vida.
El Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil en su página web informó a las 15.15 del viernes que fue aceptada la solicitud de asilo del senador pandino. Además, Tovar Nunes, portavoz de esa instancia, en contacto con radio Fides manifestó que esa decisión ya fue comunicada por el Canciller de su país a su par boliviano el miércoles.
En ese contexto, Loaiza explicó que, en base a los acuerdos internacionales, “Bolivia debe ponerse de acuerdo con la embajada brasileña y permitir la salida inmediata del asilado”.
Proceso. La responsable de Comunicación de la Cancillería, Consuelo Ponce, hizo notar que no hay plazos, sino procesos. Aseguró que el informe no llegó de manera oficial, por lo que no se puede emitir ningún salvoconducto.
“Todo comienza a partir del comunicado oficial para hacer la valoración de documentación y todo el trámite”, dijo.
En cuanto al procedimiento, Ponce informó que una vez recibido el informe oficial y la documentación, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto debe valorar si está completa y si siguió todos los pasos, para remitir después los documentos al Servicio Nacional de Migración, que emite el salvoconducto y lo entrega a la Cancillería.
Todo este proceso puede demorar hasta 48 horas, aunque se dieron casos de esperas prolongadas. El excanciller recordó el caso de Víctor Raúl Haya de la Torre, jefe del partido aprista de Perú, quien en los años 50 del siglo pasado llegó a vivir cinco años asilado en la Embajada de Colombia en Lima. El caso llegó hasta la Corte Internacional de Justicia de La Haya.
