Los privados de libertad del penal de San Pedro convocaron ayer a representantes del Tribunal Departamental de Justicia (TDJ), de la Fiscalía de Distrito, Defensor del Pueblo, Derechos Humanos y Régimen Penitenciario para expresar su reclamo ante la demora en la realización de trámites.
El presidente de los delegados de este centro, Limber Porcel, dijo a La Razón que además se pidieron soluciones para el hacinamiento, ya que en el penal hay casi 2.300 internos y no hay condiciones para solicitar una cesación de la detención preventiva o de cambio al arresto domiciliario.
El delegado señaló que la Fiscalía de Distrito de La Paz emitió la Resolución 021, “que establece procesos para los administradores de justicia que den libertades o beneficien a los reos, entonces prácticamente los jueces están negando todo”. La población penal aumenta, las audiencias se suspenden por inasistencia de fiscales y no hay vehículos que los lleven a tribunales, dijo.
Argumento. La fiscal de Distrito, Betty Yañíquez, adujo que con la citada resolución “se recuerda lo que manda la Ley 004, que señala que si una persona constituye un peligro para la sociedad, debe mantenerse en las cárceles. Lo que deben hacer los jueces es actuar con sano juicio”.
Empero, en lo que respecta a su despacho, informó que la tarde de ayer emitió un instructivo para que los fiscales estén presentes en las audiencias, más si se trata de casos con detenido. “Se les están recordando sus obligaciones de acuerdo a ley”, indicó. El director de Régimen Penitenciario, Ramiro Llanos, indicó que “hay criterios ya formados, que indican que el 15% (de las audiencias suspendidas) es por responsabilidad de los jueces y el 85%, por inasistencia de los fiscales”.
Documento. Ayer se resolvió recurrir al control social para evitar que el problema crezca. Régimen Penitenciario dispondrá abogados para que reporten por qué se suspenden las audiencias y también intervendrán “como veedores” Derechos Humanos y la Defensoría del Pueblo.
En síntesis, se llegó a un acuerdo de cuatro puntos con los reclusos: determinar quién es el responsable de la suspensión de audiencias; cuantificar el número de enfermos mentales y adultos mayores para que puedan tener algún beneficio; reanudar la visita a cárceles de manera concertada entre el Órgano Judicial y Fiscalía; y habilitar un bus para el traslado de los internos a las audiencias, según Llanos.
El TDJ, representado por su presidente, Iván Campero, debe remitir el documento del acuerdo hasta el miércoles, aunque se dio un cuarto intermedio hasta el lunes 18 para plasmar en hechos lo acordado. Lo contrario significará que los internos, que amenazan con un motín, vuelvan a declararse en estado de emergencia.
Las cifras de San Pedro
Reporte
Los partes policiales de San Pedro señalan que de 7.800 audiencias programadas, 1.700 fueron suspendidas.
Población
El penal se construyó para 400 internos y alberga a casi 2.300.
