El 30 de mayo la mina Colquiri, ubicada al sur del departamento de La Paz, operada en parte por la empresa Sinchi Wayra, subsidiaria de la suiza Glencore, fue tomada por miles de cooperativistas mineros, que operan también en el yacimiento, revelando un problema que tiene menos que ver con la mina en cuestión que con el papel de la minería cooperativizada.
En efecto, al menos un millar de trabajadores de la Cooperativa Minera 26 de Febrero tomaron ese día las áreas que Sinchi Wayra explota en contrato con la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), afectando menos los intereses de la transnacional que los de la propia empresa estatal y, sobre todo, de los trabajadores asalariados, que desde entonces no han podido trabajar.
Luego de la toma, los mineros cooperativizados se trasladaron a La Paz, y el viernes 8 de junio, en reunión con los ministros de la Presidencia y de Minería, obtuvieron la promesa gubernamental de rescindir el contrato con Sinchi Wayra, que por su parte había ofrecido ceder a los cooperativistas dos vetas, además de asesoramiento técnico para su explotación, a cambio de que éstos les vendieran el mineral a precio de mercado. La madrugada del sábado, se firmó un “acta de acuerdos” en la que se establecía que el Estado recuperaría el control de la parte concedida a Comibol-Sinchi Wayra y que estatizaría las concesiones actualmente en propiedad de la Cooperativa Minera 26 de Febrero, siempre y cuando hubiese pleno acuerdo de los miembros de este grupo, para convertirlos paulatinamente en asalariados de la estatal minera.
Lo que parecía un acuerdo que devolvería la calma a ese distrito minero, se transformó el lunes 11 en un nuevo argumento para la conflictividad, pues el máximo dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras no sólo rechazó la posibilidad de devolver el yacimiento al control estatal, sino que incluso se animó a sugerir que se nacionalice más yacimientos para entregárselos a su sector.
Aunque el conflicto parece estar controlado, el dilema que plantea la posición de los cooperativistas no hace más que comenzar a manifestarse con toda su crudeza. No es la primera vez que los asalariados, pertenecientes a la Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia (FSTMB), vanguardia de la Central Obrera Boliviana, se enfrentan a los cooperativizados, que en el fondo defienden intereses privados no siempre compatibles con la minería estatal.
Queda, pues, claro, que urge una reingeniería del sector minero no sólo para garantizar en lo sucesivo un pleno dominio estatal de los recursos naturales, sino sobre todo para redefinir el papel que le corresponde a la minería cooperativizada, que más pronto que tarde puede convertirse en un poderoso adversario del propio Estado y sus intereses estratégicos.
