De acuerdo con el juez técnico Carlos Espinoza, en tanto no se resuelva esa situación procesal, conforme a procedimiento, Tórrez “no puede emitir criterio alguno y está impedido de conocer la hermenéutica del caso Rózsa”, también denominado Terrorismo.
Respecto a los argumentos que plantea el Ministerio de Gobierno, a través de sus representantes legales, Denis Rodas y Fernando Rivera Tardío, se informó que éstos se basan en las causales previstas en los numerales 5 (tener interés en el proceso) y 11 (tener amistad íntima o enemistad manifiesta) del artículo 316 del Código de Procedimiento Penal (CPP).
Además, se aduce que en la audiencia de constitución de tribunal (10 de mayo) y la de apertura de juicio oral (30 de mayo) se vulneraron principios de debido proceso, tutela jurídica y derechos y garantías de la víctima, que en este caso es el Estado Plurinacional de Bolivia. Se hace notar que en estos actos tampoco estaban presentes algunos de los acusados ni sus abogados y que esto generaría vicios en el proceso.
En ese marco, el juez Espinoza asumió interinamente la presidencia de ese tribunal y debe convocar en las próximas horas a los tres jueces ciudadanos, para resolver con ellos, sin la presencia de Tórrez, si se da curso a la solicitud de que esa autoridad se inhiba del conocimiento de dicho proceso.
Juicio. La audiencia de apertura de juicio, en sí, se fijó para el 23 de julio próximo. El tribunal en pleno debe recibir un informe del juez Torres respecto a la recusación y valorarla. Si deciden apartarlo del caso, la fecha no se mueve y asume como titular Espinoza.
La Razón tuvo acceso a un documento en el que Tórrez rechaza la recusación del Ministerio de Gobierno. “El suscrito juez no se allana a las causales en que se funda el incidente de recusación”, señala en uno de sus párrafos.
Invitan a diputados húngaros
La Cámara de Diputados invitó a parlamentarios húngaros y miembros de la Unión Europea a comprobar por ellos mismos la situación de Elöd Tóásó, preso en Bolivia desde el 16 de abril de 2009, tras ser acusado como parte de la célula terrorista de Eduardo Rózsa.
El 10 de junio arribó a La Paz una comisión del Gobierno de Hungría, que luego emitió una declaración en la que manifiestan su preocupación por la violación a los derechos humanos y las normas internacionales y se pide a la Unión Europea que suspenda la cooperación a Bolivia.
“Rechazamos la declaración húngara e invitamos, a la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de este país (…) a comprobar por ellos mismos que en Bolivia se vive un pleno ejercicio de los derechos individuales y colectivos”, dijo a la ANF Rebeca Delgado, presidenta de la Cámara de Diputados. Tóásó es parte de los 39 acusados en el caso Rózsa y uno de los sobrevivientes del operativo en el hotel Las Américas.
