Sale de uno, entra en otro. Así se encuentra el país a semanas del fin del conflicto de los médicos, aunque sufre todavía por la XI marcha indígena, que pretende llegar a La Paz en los próximos días. Lo último son los amagues de enfrentamiento entre los cooperativistas y mineros del yacimiento minero de Colquiri.
Si bien puede especularse sobre la pobreza, la ausencia del Estado o la débil institucionalidad de las leyes como factores de incidencia este caso, es posible también pensar que uno de los motivos del diferendo que ahora asusta al país, por el riesgo de sangre, es por la actitud que en los últimos años han asumido ciertos sectores sociales, que creen tener tuición directa sobre los recursos naturales, predominio sobre las leyes o derecho sobre los derechos de los ciudadanos. O, mejor, los dirigentes.
Esa condición, sin embargo, puede entenderse por la interpretación equivocada del gobierno del poder. Es que, al considerarse como gestores del “proceso de cambio”, muchas organizaciones se creen en la capacidad de hacer y deshacer las cosas por encima del Estado y sus leyes, por encima de la gente.
Menos mal que en las últimas semanas el Gobierno ha buscado infructuosamente una solución al conflicto, a través de sendos diálogos con cooperativistas y mineros asalariados, a diferencia de otros conflictos en los que lo que menos había era preocupación de parte de las autoridades. Y, aunque tarde, el desplazamiento de centenares de efectivos militares y policiales a la zona de conflicto ha evitado el dolor.
Pero estas acciones no siempre son comprendidas por ciertos liderazgos políticos, que parecieran solazarse con los enfrentamientos, para culpar de omisión al Gobierno.
Mal o bien, la situación de crisis recurrente no es parte del folklore nacional, sino del reacomodo político y social. Así se entiende que, antes, nadie se atrevía a pelearle arbitrariamente al Estado, porque éste no perdonaba, mataba.
El editor
