Escasa ha sido la información en nuestro país sobre el litigio que han sostenido Ecuador y la empresa Chevron de EEUU. Por su importancia, me permito exponer un apretado resumen, ya que su desarrollo ulterior tiene enorme relevancia para verificar el comportamiento de la jurisdicción internacional en este tipo de situaciones.
El caso se remonta a 1993, año en el que indígenas ecuatorianos de la región amazónica (rica en petróleo) demandaron a Texaco Inc. por daños medioambientales que habrían sido ocasionados por sus operaciones durante los años 60, 70 y 80. Chevron se fusionó con Texaco en 2001 y tuvo que afrontar la demanda negando las acusaciones. El anterior año, luego de 18 años de litigio, un juzgado de instancia emitió la sentencia en contra de la firma estadounidense, ordenando el pago de $us 18 mil millones. Una segunda instancia ratificó el millonario monto indemnizatorio.
El propio presidente Correa expresó su satisfacción por el fallo en segunda instancia que condenaba a Chevron-Texaco, y negó la acusación de la empresa en sentido que el Gobierno ecuatoriano manipulaba las cortes de justicia, de un sistema judicial politizado y corrupto. Chevron fracasó en su pedido a la Corte Suprema de Ecuador para la revisión del fallo en segunda instancia y acudió a la Corte Permanente de Arbitraje en La Haya, constituyéndose un tribunal arbitral en 2006.
Uno de los argumentos centrales de Chevron al acudir a la vía arbitral fue que el Estado ecuatoriano le había denegado justicia. Alegó que desde 1991 sostuvo siete procesos judiciales contra el Estado y que ninguno de ellos tenía sentencia hasta la fecha. Otro argumento fue que sus inversiones se encuentran protegidas por el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones que EEUU y Ecuador suscribieron en 1997. El Gobierno de Ecuador replicó que al haberse firmado dicho tratado recién ese año no tiene efectos retroactivos.
El laudo arbitral que se emitió en agosto de 2011 condenó al Estado ecuatoriano a pagar $us 96 millones bajo el argumento que su sistema judicial demoró más de diez años en sus decisiones sobre disputas comerciales con la Texaco Petroleum. La República del Ecuador rechazó vehementemente este fallo. Chevron continuó con la ofensiva, interpuso otra demanda arbitral en 2009 también ante la misma Corte de Arbitraje, y el 18 de febrero de este año el tribunal arbitral emitió un laudo provisional suspendiendo la ejecución de la sentencia (emitida en cortes ecuatorianas) que condenaba a Chevron a pagar $us 18 mil millones. En este laudo se exige a Ecuador “tomar todas las medidas a su alcance para suspender o hacer que se suspenda la ejecución o reconocimiento de cualquier sentencia, tanto dentro como fuera del Ecuador”.
Ecuador presentó varios recursos de anulación aludiendo la inexistencia de un convenio válido que le diera competencia a un tribunal arbitral. El Procurador General ecuatoriano, Diego García Carrión, presentó las solicitudes de nulidad de los laudos ante un tribunal de justicia de los Países Bajos, el que desestimó la solicitud el pasado 7 de mayo, generando una fuerte reacción del Gobierno ecuatoriano, siendo el propio Canciller de ese país quien calificó de “gravísima” la situación.
Ecuador protesta, pues considera que los laudos arbitrales de La Haya están ignorando las decisiones de jueces y cortes del Ecuador que tienen la calidad de cosa juzgada y llevó su protesta ante el seno de Unasur. Al comentar la decisión, Carrión dijo que “la defensa del Estado ecuatoriano está en desacuerdo con la Corte Distrital de La Haya y lamenta que haya adoptado el razonamiento de Chevron. Se prevé que Ecuador apelará ese fallo en las propias cortes de los Países Bajos.
