La subida de los precios de los minerales iniciada en 2003 se detuvo en 2011 para devenir en una meseta ligeramente descendente que, a pesar de ello, hace que la actividad minera informal del cooperativismo aún sea del todo atractiva como modo de subsistencia. Hay que añadir que los beneficios fiscales otorgados a este sector (detallados en la nota previa por el exministro de Minería Dionisio Garzón) también hacen que sea tentador dedicarse a la minería y que se incremente el número de los avasallamientos de minas en el país.
Cuando son campesinos los que realizan una toma, en caso de prosperar su pedido de fuerza, aspirarán a volverse cooperativa, pues, sería el único modo “legal” en el que podrían comenzar a explotar un yacimiento después de la acción de fuerza.
En efecto, en mayo de este año, La Razón publicó un balance de los primeros cuatro meses de 2012 de las tomas de minas precisamente a raíz de una queja del sector cooperativista minero. Hasta ese momento los mineros pertenecientes a este grupo se quejaban de 70 avasallamientos cometidos por campesinos en sus yacimientos arrendados en distintas zonas de La Paz, Oruro y Potosí.
Sin embargo, la Cámara Nacional de Minería aseguró, a principios de este mes, que la mayoría de las 114 tomas realizadas por los campesinos en los últimos cuatro años fue hecha a nombre de los cooperativistas. Se intentó gestionar información sobre el avasallamiento de minas mediante el Departamento de Comunicación del Viceministerio de Desarrollo Productivo, sin embargo, no hubo ninguna respuesta al requerimiento.
En todo caso, es claro que los movimientos sociales vinculados a comunarios y cooperativistas son aliados del Gobierno, el cual se ve constantemente en aprietos para lograr dar solución a estos problemas sin llegar al extremo de romper el pacto con estos sectores.
Sean quienes fueren las agrupaciones culpables de las tomas, se podría sacar la conclusión, aparentemente lógica, de que con la caída gradual de los precios de los minerales las tomas de minas se reducirán. Pero no lo piensa así el analista de la actividad minera Rolando Jordán. “Los avasallamientos son el único mecanismo de supervivencia que usan los cooperativistas en épocas de bajos precios. Es su manera de exigir nuevas áreas de explotación al Gobierno; sin embargo, no ocupan cualquier mina, sino las que tienen mayor cantidad de reservas positivas de buena calidad”.
Un ejemplo de esto es la toma y reversión de Colquiri, antes cedida a la empresa Sinchi Wayra, de la suiza Glencore y ahora a la nacional Corporación Minera de Bolivia (Comibol), pues, se dio a los cooperativistas la veta Rosario, la más rica del yacimiento.
Jordán atribuye la responsabilidad de las tomas al Estado o, más bien, a los diferentes administradores del Gobierno desde 1985. “Las tomas son su mecanismo de supervivencia (de las cooperativas), pero hay que decir que la falla vino del Estado, desde la época del Gonzalo Sánchez de Lozada y su ministro de Minería Jaime Villalobos.
Antes, cuando cayó el estaño y todos los minerales en 1985, el Gobierno, en lugar de abrir nuevas fuentes de empleo que absorbiera a los mineros relocalizados, los llamó y los incentivó a que formen cooperativas y se queden en una actividad que es depredadora por naturaleza. Eso mismo vinieron haciendo todas las administraciones estatales desde entonces”.
Sin embargo, el secretario ejecutivo de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), Albino García, señala que hay que diferenciar a los avasalladores ilegales de los legales (reversión) y respetarse entre campesinos y cooperativistas.
“En momentos, la Federación de Mineros dice que las cooperativas son las responsables de las tomas de minas, pero hay que decir que siempre son realizadas por parte de las comunidades —120 yacimientos de nuestra agrupación han sufrido estas acciones de fuerza—, por lo que se ve que estas acciones son una iniciativa de todo el pueblo. Así, nuestro sector respalda las iniciativas del pueblo. Hay avasallamientos arbitrarios comunitarios como también del mismo Estado, como Colquiri. Si bien en este último caso fueron las cooperativas las que tomaron la delantera, el Gobierno respondió favorablemente”, dice García.
En su opinión, la relación entre los avasallamientos y las cooperativas sólo se entiende si se ve que éstas se encuentran en lugares remotos, en los que las comunidades vecinas aportan mano de obra, productos agrícolas, y algunos se vuelven mineros entre la siembra y la cosecha. Es una historia antigua. Cuando hay tomas de comunidades y tienen éxito, continúa garzón, a la comunidad no le queda otra que cooperativizarse, lo que puede hacer crecer a Fencomin. “No obstante, las cooperativas ven del balcón”, explica.
El vocal del Tribunal Supremo Electoral y exasesor de Fencomin, Ramiro Paredes, propone como solución a los avasallamientos la estimulación de mayores inversiones para fases de exploración. “Tiene que haber una política minera, en el marco de la Constitución, orientada a ampliar la frontera minera. Eso dará lugar no sólo a que la minería cooperativista genere empleo, sino también la estatal”.
Es más, ésta última sigue operando las minas del pasado, no hay nuevos yacimientos mineros. Según los datos del Ministerio de Minería, el sector minero estaría explorado solamente en un 10%, lo que implica que hay un 90% “virgen”. “Quizás el mal congénito que vienen arrastrando el cooperativismo y Comibol es funcionar en yacimientos ya agotados para el sector privado”, dice Paredes.
Para hacer de esta propuesta algo factible, es tiempo ya de que se promulgue el nuevo Código de Minería, aspecto en el que coinciden todos los entrevistados en este artículo.
