El exdictador argentino Jorge Videla (1976-1981) fue condenado este jueves a 50 años de cárcel por un plan sistemático de robo de bebés hijos de detenidos-desaparecidos, aunque deberá cumplir perpetua al unificarse la pena con otras dos causas que tenía por crímenes de lesa humanidad, anunció el Tribunal.
Otro exdictador sentado en el banquillo, Reynaldo Bignone (1982-1983), fue sentenciado a 15 años de prisión por el mismo delito de sustracción y cambio de identidad de menores, aunque también sobre él pesan dos condenas por graves violaciones de derechos humanos, una de por vida y otra por 25 años.
«Condenar al exgeneral Jorge Videla (86 años) a 50 años de reclusión (…) y al ex general Reynaldo Bignone (84 años) a 15 años (…)», leyó la presidenta del tribunal, María Roqueta, ante una sala colmada y en presencia de Estela de Carlotto, líder de la organización humanitaria Abuelas de Plaza de Mayo.
Carlotto dijo a la AFP que la embarga «un sentimiento de satisfacción porque el fallo confirma y aclara que hubo en Argentina un plan sistemático para el robo de bebés».
La presidenta del Tribunal explicó después del dictamen que al tener Videla dos condenas a prisión perpetua por homicidios, torturas y desaparición de disidentes políticos, la pena unificada a cumplir será también de por vida.
Centenares de familiares de las víctimas, nietos recuperados por Abuelas y activistas humanitarios festejaron el veredicto con gritos y cánticos, en medio de escenas de llantos y desahogo por tantos años de espera de justicia, frente a una pantalla gigante instalada en la puerta de los Tribunales.
Por la aplicación del sistema de sustracción y cambio de identidad de menores hubo otras sentencias a diferentes penas de cárcel a otros exjerarcas y agentes de la dictadura (1976-1983), entre ellos un médico militar que operaba de partero en las maternidades clandestinas del régimen.
Videla acaba de confesar en un libro que «unas 7 ú 8 mil personas debían morir» en la represión a opositores y está cumpliendo dos penas de prisión perpetua en celda común por crímenes de lesa humanidad.
